Las autoridades militares de unidades castrenses negocian con las familias de soldados, conscriptos o cadetes para evitar que las investigaciones por casos de tortura -en la justicia militar y penal- lleguen a una sanción; según un abogado militar y una activista de derechos humanos existe un subregistro de casos que no llegan a ser conocidos.

La Defensoría del Pueblo en 2022 registró 14 casos de maltratos y torturas en cuarteles, y en casi 10 años, de 2013 a mayo de 2022, recibió 131 denuncias contra las Fuerzas Armadas (FFAA).

En el caso de las muertes, con datos de la Defensoría del Pueblo y del Gobierno, se contabilizan más de 60 casos desde 2015 a la fecha. No obstante, las cifras no incluyen los casos que no llegan a denunciarse y quedan en la impunidad.

Marina Vargas, exvicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y activista, señaló a ANF que las familias de conscriptos que realizan el servicio militar o premilitar (por ejemplo) y que son víctimas de estos hechos “no se atreven” a acudir a la justicia debido a que corren el riesgo de quedarse sin “la libreta”, y terminan negociando con sus superiores militares.