La mayoría de los candidatos a magistrados en las elecciones judiciales de 2017 fue funcionario público o renunció a su puesto en el aparato estatal para presentarse a los comicios de ese año.
Del total de los 96 candidatos seleccionados con el reglamento que usó en ese entonces el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, 73 tenían o habían tenido vínculos laborales con distintas entidades del Estado, es decir, el 76% del total, según un recuento de entonces de El Diario.
En el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del total de los 36 candidatos seleccionados, 27 eran o habían sido funcionarios en el Órgano Judicial o el Órgano Ejecutivo.
Con relación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 26 candidatos de los 36 elegidos habían sido funcionarios públicos en el Órgano Judicial, en la Fiscalía General del Estado, en Procuraduría General o en el Órgano Ejecutivo.
Entre los candidatos seleccionadados para el Tribunal Agroambiental (TA), por otro lado, había 12 funcionarios o del Inra (Instituto Nacional de Reforma Agraria) o del mismo Tribunal Agroambiental, de un total de 14 postulantes.
Finalmente, respecto al Consejo de la Magistratura, ocho de los diez candidatos seleccionados eran funcionarios públicos.
Además, del total de los candidatos, seleccionados, se identificaron 23 postulantes directamente ligados al Órgano Ejecutivo, ya que habían sido asesores de los ministerios de Gobierno, Salud, Minería y la Procuraduría, según sus declaraciones juradas.
Por otro lado, solo 37 de los 96 candidatos seleccionados alcanzaron un puntuación ponderada por encima de los 70 puntos sobre 100.
Por último, un 73% de los 96 candidatos habían ejercido antes como jueces, vocales, magistrados o actuarios, es decir, ya habían sido parte de administración de justicia, según un estudio realizado por el Equipo de Investigación Líder de La Paz.
