Comunidad Ciudadana advirtió este sábado que ante la Comisión Mixta de Constitución que el fallo emitido por una Sala Constitucional del Beni “es un golpe institucional gravísimo” porque a partir de ahora, cualquier postulante que no esté de acuerdo con el Reglamento podrá acudir a la justicia y paralizar las facultades de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La Comisión aceptó realizar ajustes a la Convocatoria y el Reglamento de Selección de Candidatos, atendiendo un fallo emitido por la Sala Constitucional N°1 del Beni que declaró la inaplicabilidad del requisito común de “no haber expresado postura política de manera pública” hasta antes de su postulación.
El diputado Carlos Alarcón manifestó que se trata de un golpe a la institucionalidad porque en primera instancia desde el Órgano Judicial se aplica una medida cautelar de suspender la convocatoria, justo tres días antes que concluya el plazo de postulaciones, este sábado a mediodía.
Explicó que hasta antes de salga la medida cautelar, solamente se presentaron seis postulantes: dos para el Tribunal Constitucional y dos para el Tribunal Supremo de Justicia y dos para el Consejo de la Magistratura.
“De acuerdo a los pronósticos del oficialismo, el panorama era nada alentador tomando en cuenta la exponencial falta de confianza de la población a la tercera elección judicial”, dijo en su intervención ante la Comisión.
Aclaró que una Acción de Amparo Constitucional solamente beneficia a quien interpuso el recurso, sin embargo, la Sala Constitucional suspende la fase preselección en favor de todos los candidatos.
Dijo que se quiere hacer creer que este fallo “no es una maniobra del gobierno sino un acto inocente de un señor que ni siquiera era postulante. Este precedente abre la compuerta a que el día de mañana, cualquier otro postulante afín al gobierno y al MAS, hará su Amparo para buscar dos tercios y obtendrá con una orden judicial”, manifestó.
Sostuvo con este recurso se demuestra que el gobierno y el ministro de Justicia han encontrado la fórmula mágica para hacer tabla rasa con la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La senadora Silvia Salame manifestó ante la Comisión no tiene competencia para decidir por sí sola cualquier modificación porque su mandato viene de pleno de la Asamblea y debe ser esa instancia la que ordene a la Comisión evaluar nuevo reglamento.
La presidenta de la Comisión Mixta, senadora Patricia Arce, dijo que la votación final decidió realizar ajustes el Reglamento y garantizó que Bolivia irá a las elecciones judiciales en diciembre para que el próximo 3 de enero se instalen los nuevos magistrados del Órgano Judicial.
Anunció que desde la Comisión se tomarán acciones legales contra los vocales (Marco Antonio Justiniano y Jesús Martínez) que emitieron el fallo porque no es justo lo que ha pasado, tomando en cuenta que toda la población está esperando que haya elecciones judiciales.
La acción de amparo fue interpuesta por Miguel Ángel Balcázar Ruiz y la Resolución de Amparo N° 024/2023 del 13 de abril llegó a través de una carta enviada por el vicepresidente David Choquehuanca para que la Comisión Mixta tome conocimiento.
Tras aprobar la necesidad de realizar ajustes, la Comisión declaró cuarto intermedio hasta el lunes, cuando deberá decidir cuál será la situación de los postulantes que hasta el momento se presentaron ante la Comisión Mixta.
Balcázar interpuso la Acción de Amparo por considerar que el requisito de “no haber expresado postura política”, vulnera la libertad de expresión consagrada por la Constitución Política del Estado y las leyes. La tutela concedida también dejó sin efecto la convocatoria pública para la preselección, en tanto la Asamblea Legislativa trate y apruebe un nuevo Reglamento de Selección.
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