El viceministro interino de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza afirmó que el Decreto Supremo 4906 que establece el congelamiento de cuentas y bienes aplica solo a actividades terroristas identificados por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por lo que no afecta a gremiales ni a transportistas.
“Es importante aclarar este tema, esto aplica para personas, organizaciones que están en las listas internacionales de la ONU. No es el país quien determina quien ingresan o no a estas listas, son pues las reuniones del Consejo el que en base al análisis a la justicia internacional determina la persecución de terroristas internacionales y en base a esos antecedentes se remite a todos los países que somos miembros para que a partir de eso se proceda al congelamiento de fondos”, dijo.
Apaza remarcó que el decreto no busca afectar a quienes realicen alguna actividad económica de manera legal en el país. Detalló que el Decreto Supremo 4906 reglamenta lo que ya estaba previsto en el Decreto Supremo 1553, que data de 2013, relacionado al régimen de congelamiento de fondos y otros activos.
“Busca a garantizar los derechos constitucionales sobre el procedimiento o descongelamiento de fondos de personas que están registradas en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estamos hablando de aquellas personas que están registradas como terroristas internacionales y que son buscados por la justicia internacional”, remarcó.
Por su parte, la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Indira Copa, aseguró ni el sector gremial ni los transportistas serán afectados por el decreto.
“Este decreto no va afectar a la familia gremial porque las personas que hacemos actividades económicas, no estamos en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como les decía, eso solamente aplica ese tipo de delitos de terrorismo internacional”, reiteró.
Las autoridades aclararon que tampoco existe algún tipo de relación con el proyecto de Ley 280, de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas el cual fue paralizado en su tratamiento en el Legislativo.
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