RECEPCIÓN. Los miembros de la CIDH a la cabeza de la comisionada Julissa Mantilla Falcón, cuando llegaban ayer al Tribunal Supremo de Justicia.
FISCALÍA. El fiscal general Juan Lanchipa y los comisionados en la reunión de ayer, en Sucre.
TCP. Los tribunos recibieron a los miembros de la CIDH en su sede en la capital de Bolivia.
ENCUENTRO. El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, junto a los comisionados.
Representantes de instituciones y organizaciones civiles de Santa Cruz, Cochabamba y Sucre se reunieron este miércoles con los miembros de la CIDH, que cumplieron su tercer día de visita “in loco” en Bolivia.
La Gobernación de Santa Cruz denunció que el gobierno de Luis Arce tiene un “tinte dictatorial”; la Gobernación de Chuquisaca, la falta de independencia del sistema judicial; mientras que los jueces del país, “persecución” por sus fallos y falta de transparencia en la designación de autoridades judiciales.
En Sucre, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunieron primero con el gobernador Damián Condori y después con autoridades judiciales, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y de la Fiscalía General del Estado. También recibieron a instituciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y a víctimas de La Calancha, representantes del colectivo LGTB y la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol).
GOBERNADOR CONDORI
Condori, luego del encuentro, atendió a la prensa para hacer conocer lo abordado con los comisionados. “Hemos hecho conocer la falta de independencia plena de los órganos del Estado; en este momento, somos testigos de que no hay una independencia plena de los poderes del Estado”, comentó la autoridad de Chuquisaca.
Dijo que el fortalecimiento de “la democracia y la justicia se ha estancado”, y que les hizo conocer que desde el inicio de la preselección de los candidatos y candidatas al Órgano Judicial y el TCP no hay independencia ni transparencia. Y lo propio con el Fiscal General, que, en su criterio, son “designados por una Asamblea Legislativa dominada por un partido político”, el MAS.
La misión de la CIDH también se reunió con el fiscal general Juan Lanchipa y con los magistrados del TSJ, del TCP y del Tribunal Agroambiental.
ORGANIZACIONES CIVILES
La presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Grenny Bolling, dijo que en la reunión con los miembros de la CIDH pidieron recomendar al Estado boliviano la no persecución a los jueces por sus resoluciones, garantizar la estabilidad laboral, otorgar un presupuesto que afiance la independencia judicial y mayor transparencia en la designación de jueces y en la elección de magistrados.
“En caso de que alguien se vea afectado por una resolución de un juez, que apele primero y no sea objeto de críticas, incluso de persecución, por una resolución emitida”, dijo Bolling en referencia al procesamiento de jueces, sobre todo, en casos de interés político.
Aseguró que en la reunión con los comisionados pidió que el organismo de protección de los derechos humanos abogue por la independencia de los jueces, el reconocimiento de la legalidad de los transitorios, un mayor presupuesto, transparencia en la designación de jueces y magistrados y el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 704/2020, que dispone la evaluación de desempeño de los jueces para mantenerse en el cargo.
“Esperamos que se hagan las recomendaciones que hemos sugerido”, remarcó.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Chuquisaca, Freddy Jiménez, también fue escuchado por la CIDH y dijo que entregaron tres denuncias de retardación de justicia relacionadas con los casos de La Calancha, que no se investiga desde 2007; la baja injustificada de la suboficial de la Policía, Cecilia Calani, procesada por supuestamente liderar un motín en 2019; y la situación de una persona condenada a 20 años de prisión por un feminicidio del que se considera inocente.
Además, participaron de este encuentro los familiares de las víctimas de La Calancha. Juan Cardozo, hermano de José Luis Cardozo, fallecido en noviembre de 2007, confirmó que lograron conversar con los comisionados para denunciar la retardación de justicia en este proceso penal.
El activista Mario Salazar, que está siendo procesado por el pintarrajeado de la Fiscalía General del Estado en octubre de 2020 e investigado por la quema de la sede del Tribunal Electoral Departamental en Chuquisaca, también acudió ante la CIDH en Sucre.
PALABRA DEL FISCAL
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a través de una nota de prensa, hizo conocer que en la reunión con la CIDH se expuso las políticas y el trabajo de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género.
En la nota se hace referencia que la comisionada Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, explicó el objetivo de la llegada de este organismo al país. “Estamos muy contentos de estar aquí y la idea es escuchar e intercambiar algunos puntos, como el rol de la Fiscalía que es muy importante para el trabajo en derechos humanos”, dijo la comisionada.
EN OTRAS REGIONES
El asesor de Gestión del Gobierno Departamental de Santa Cruz, Efraín Suárez, informó ayer, miércoles, que las autoridades cruceñas, en la reunión con la CIDH, le expresaron que el presidente Luis Arce “marcó una posición de su gobierno con un tinte dictatorial” tras el encarcelamiento del gobernador Luis Fernando Camacho.
“En esta reunión, como Gobernación de Santa Cruz, hicimos un relato de los antecedentes que han venido ocurriendo con relación a la vulneración de la democracia en nuestro país y en nuestro departamento”, afirmó.
FAMILIA DE CAMACHO
La familia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, logró reunirse ayer, miércoles, con la delegación de la CIDH que visitó la Gobernación cruceña y tras el encuentro expresó su deseo de que la misión internacional emita un informe “imparcial” de su trabajo en Bolivia.
