Juristas Independientes, la organización que impulsa la reforma de la justicia por medio de un referéndum, denunció ayer una campaña de “conspiración” contra esa iniciativa y acusó tanto al TSE como al Gobierno de estar detrás de ella al identificar al menos siete “trabas”.
La primera, una “injustificada demora” en la aprobación de esta iniciativa por parte del TSE, según indicó José Antonio Rivera, uno de los miembros de Juristas Independientes. La solicitud fue presentada el 18 de julio de 2022, pero fue aprobada recién el 18 de octubre por el TSE.
La segunda traba fue la decisión del TSE de imponer un plazo de 90 días para recolectar el millón y medio de firmas que se requieren para activar el referéndum, sin tomar el cuenta el tiempo de impresión de los libros.
El tercer obstáculo: el TSE impuso como requisito el notariado de los libros de registro, algo que no estaba previsto en el reglamento anterior.
La cuarta traba. el TSE exigió transcribir los registros de los libros en un sistema informático dentro del plazo de los 90 días para la recolección de firmas.
