La denuncia del supuesto cobro de 20.000 bolivianos para la adjudicación de la obra de construcción de muros perimetrales en una propiedad del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Oruro, emitida por la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial en 2020, fue rechazada por el Ministerio Público, que no encontró a los responsables de este hecho de corrupción, según la versión del afectado.
En junio de 2022, un empresario constructor denunció que había sido víctima de una estafa de 20.000 bolivianos por parte de una persona que se hizo pasar como miembro de la comisión calificadora de la DGAF de esta licitación, emitida en noviembre de 2021 y a la que esta presentó su propuesta.
Después dijo que recibió una llamada, en el teléfono de su domicilio, de alguien que le prometió hacerle adjudicar la obra, cuyo costo aproximado era de 1 millón de bolivianos, a cambio del pago del 10%.
Inicialmente le pidió 20.000 bolivianos, que fueron depositados a una cuenta bancaria. El destinatario retiró el dinero y luego, según la versión del denunciante, desapareció. Dijo que el supuesto estafador tenía información detallada de este proceso.
Fue la propia DGAF la que activó una denuncia penal para proceder con la investigación en el Ministerio Público, que, sin embargo, luego de casi un año, la rechazó, según la versión del empresario.
