Entre 2021 y 2022 se registraron 237 denuncias de avasallamientos y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) inició acciones legales en 137 casos que son de su competencia al estar relacionadas con tierras fiscales disponibles o que están en proceso de saneamiento. En los restantes 100, se trata de tierras tituladas, manchas urbanas y forestales, que competen a otras instancias y autoridades.

El director nacional del INRA, Eulogio Núñez, en contacto con los periodistas en Sucre, aclaró este jueves que esa entidad estatal no tiene competencia en denuncias de avasallamiento de propiedades ya tituladas y exhortó a sus propietarios a denunciar estos hechos ante juzgados agroambientales.

Dijo que tampoco puede intervenir en avasallamientos en manchas urbanas porque allí son los gobiernos municipales los que tienen atribuciones para inspeccionar y defender esos predios.

En cuanto a los avasallamientos de tierras forestales, señaló que está la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT); en parques nacionales, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Senap) y en áreas protegidas departamentales y municipales, las gobernaciones y los municipios.

“Nuestro mensaje, como Gobierno nacional y como INRA, es que no vamos a tolerar los avasallamientos y el tráfico ilegal de tierras, de alguien que está vendiendo sin acreditar derecho de propiedad”, agregó al remarcar que “eso es un delito de orden penal y tiene de tres a ocho años de cárcel”.