Luego de cuatro días de audiencia en el juicio oral por el caso del pintarrajeado de paredes de la Fiscalía General del Estado en Sucre por parte de los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), este viernes, el juez Emilio Pinto declaró un cuarto intermedio hasta el 6 de febrero, cuando se pronunciará sobre el pedido de exclusión de varias pruebas, de las más de 180 que presentó el Ministerio Público y los acusadores del Gobierno.

Durante estos días, los fiscales ofrecieron pruebas, sobre todo documentales, referidas a la supuesta actuación delictiva de los acusados de la Resistencia Juvenil Cochala y otras dos personas de Sucre, a quienes se acusa de los delitos de organización criminal, uso y porte de armamento, asociación delictiva y otros.

A todas las pruebas aportadas por la Fiscalia, se adhirieron los abogados del Ministerio de Gobierno y de la Procuraduría General del Estado.

Milena Soto, acusada dentro de este caso, señaló que fue "bastante agotador, escuchar la sarta de mentiras del Ministerio Público", que la involucran en este proceso cuando, según asegura, ella no participó ni estaba en Sucre durante los hechos de las dos jornadas de octubre de 2020.

Denunció que la Fiscalía pidió al juez aplicar una multa de dos salarios mínimos a los abogados de los miembros de la RJC por haber pedido la exclusión de más de 100 pruebas de las 180 ofrecidas por la parte acusadora, alegando que "les hicieron perder tiempo" con la argumentación.

Soto dijo que los acusadores pretenden incluir en el juicio los informes del Alto Comisionado de la ONU y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) sobre los hechos de 2019, cuando estos documentos no se refieren en específico al hecho del pintarrajeado que está en debate en el juicio.

El representante de la Procuraduría, Rolando Cruz, señaló que concluyó la fase de la exclusión probatoria y corresponde al juez definir qué pruebas se excluyen del juicio y eso se conocerá el 6 de febrero cuando se reinstale la audiencia.

Cruz señaló que la acusación tiene "sustento legal y jurídico", que permitirá al final del juicio aplicar una sentencia o condenatoria contra los acusados.

Por su parte el fiscal asignado al caso, Javier Gorena, calificó de "ampuloso y dilatorio" los incidentes de exclusión de prueba planteados por los acusados.

Explicó que el Ministerio Público retiró del juicio alrededor de 10 pruebas dentro de una estrategia para permitir declaraciones testificales sobre los hechos acusados.

Están acusados dentro de este caso, Yassir Molina, Milena Soto y los hermanos Mario Antonio y Fabio Alejandro Bascopé y otras dos personas de Sucre.

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