La Central Obrera Boliviana (COB) y los sectores sociales del Movimiento al Socialismo (MAS) pidieron al Gobierno, al Ministerio Público y a la Justicia, que actúen de manera inmediata sobre los responsables del paro indefinido y los sucesos violentos por ser actos “sediciosos”. El Gobierno advirtió que los responsables van a tener que responder ante la Justicia.
El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, manifestó que los hechos de violencia que se han generado en Santa Cruz son actos de “sedición y terrorismo”, por lo que pidió a las instituciones llamadas por ley a actuar de manera inmediata.
“Eso no es un paro cívico, esto es sedición, es terrorismo para nosotros. Por eso hoy, en una reunión relámpago de emergencia exigimos al Gobierno, al Ministerio Público, al Órgano Judicial, actuar de manera inmediata frente a esos actos de sedición y terrorismo que han generado violencia en Santa Cruz”, sostuvo el dirigente sindical.
En la ciudad de Santa Cruz se generaron enfrentamientos a raíz de que una marcha de organizaciones aliadas al Gobierno empezó desbloqueando los puntos en los que acataban el paro indefinido.
La tensión aumentó con la quema de la sede de los campesinos, asimismo un grupo irrumpió violentamente en la COD, otros manifestantes que tenían sus rostros cubiertos se trasladaron hacia Entel donde apedrearon la instalación.
“Quedamos indignados y pedimos al Gobierno, de manera pública, de una vez debería poner mano dura y estado de excepción en Santa Cruz. Es más, pedimos una comisión nacional de fiscales para hacer la investigación de la toma y quema de nuestras instituciones sociales de Santa Cruz, para que investiguen estos hechos luctuosos”, manifestó Huarachi.
La dirigenta de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Flora Aguilar, se manifestó en esa misma línea, pidió que se dicte estado de excepción en Santa Cruz.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en su reporte dijo que la marcha de las organizaciones era “tranquila” y “pacífica” porque solo estaban exigiendo su derecho a trabajar después de 21 días de un "paro criminal".
Argumentó que esa manifestación fue atacada por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista. Asimismo, los acusó de haber querido matar a 66 personas que estaban en la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos al momento de ser quemada.
Aunque la autoridad no mencionó las características del desbloqueo de los afines al gobierno, la excesiva violencia policial y tampoco que en la sede campesina se encontró petardos y cachorros de dinamita.
“Estos delincuentes, el objetivo era quitarle la vida a quienes se encontraban en la sede campesina. Querían quemar el edificio, lo lograron; pero no pudieron quitarles la vida a los campesinos”, manifestó. “Hemos salvado la vida de 66 personas”.
La autoridad señaló que los responsables de la quema y los ataques a los ciudadanos “van a tener que responder a la Justicia”. Similar posición tuvo en la víspera la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Del Castillo dijo que este nivel de violencia solo satisface los apetitos e intereses del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
Asimismo, informó que fueron aprehendidas 15 personas, las que ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público; además de haberse registrados decenas de heridos y daños económicos de consideración.
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