Demandan penalmente al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a dos jefes policiales y tres personas por permitir, e instigar, en la tentativa de asesinato del periodista de la red de televisión Unitel Mario Alberto Rocabado Román que sufrió una violenta agresión el 2 de noviembre en el municipio de La Guardia.
La responsabilidad por la agresión que sufrió el periodista fue extendida al ministro Del Castillo, a los jefes policiales y otras personas por la agresión brutal que sufrió el comunicador que realizaba la cobertura de un enfrentamiento en la zona, según la demanda presentada ante la justicia ordinaria.
Rocabado Román fue víctima de una violenta arremetida a patadas y piedras tras ser derribado a empujones por marchistas afines al partido oficialista del Movimiento al Socialismo (MAS) que impusieron un cerco en las carreteras para impedir la provisión de alimentos y combustible a la población de Santa Cruz de la Sierra.
En el memorial presentado, con apoyo legal de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y al que accedió la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), el periodista Rocabado relató que fue atacado por una turba que realizaba el cerco progubernamental a La Guardia, un municipio localizado a 20 kilómetros de la capital departamental, según una nota de prensa.
“Pese a que me identifiqué como periodista, me tumbaron (derribaron), me agredieron con patadas, palos y piedras, al grito de ‘hay que lincharlo’. Me robaron un micrófono, dos celulares (teléfonos móviles) y mi billetera con Bs 2.000 (unos 285 dólares). También me quitaron una cadena y una manilla de plata. Cuando un colega periodista grabó el incidente, al verse descubiertos, me entregaron a los policías, pero los escuché decir que me botaran atrás de la carretera”.
Por tal motivo, la denuncia presentada “por el delito de asesinato en grado de tentativa” es contra el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo; contra el comandante de la Policía de Santa Cruz, Jhony Chávez Bascopé; y contra el comandante policial de La Guardia, Edson Rojas Orellana “por haber omitido sus funciones como funcionarios públicos y del Estado”.
La denuncia incluye a los ciudadanos Juan Pinto Urquizo, Marco Antonio Pinto Fernández y Constantino Carachuyo Choque, por los delitos de robo agravado, instigación a delinquir, asociación delictuosa, lesiones leves y graves. Como elementos probatorios, fueron citadas las cámaras de seguridad del edificio de la Alcaldía de La Guardia, las cámaras de seguridad del condominio Laguna Azul y las grabaciones del equipo de prensa de Unitel.
En el documento, Rocabado deja establecido que la cobertura informativa del conflicto que realizaba estaba dejando en evidencia “el mal actuar de los policías, que disparaban los gases lacrimógenos a quemarropa, directamente contra personas afines al paro cívico” y que, en cambio, los uniformados brindaban protección al grupo en conflicto afín al partido oficialista.
De acuerdo al informe médico legal, el periodista de Unitel tiene 35 días de incapacidad, debido a múltiples golpes sufridos en la cara y la cabeza, por lo que le ha sido colocado un inmovilizador cervical. Se recupera de heridas en las manos que utilizó para defenderse de las patadas y pedradas cuando estaba caído, además de sufrir una equimosis en la rodilla derecha y una fractura sin desplazamiento del peroné izquierdo.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez Herrera, anunció que se convocará a una protesta frente al Comando de la Policía “para exigir que -la institución del orden- cumpla su rol constitucional de proteger a la sociedad en vez de parcializarse con los grupos de choque del MAS y los gobernantes de turno.
Los periodistas no están solos, les vamos a brindar respaldo. Porque los periodistas no somos basura, como afirmaron esos policías que pidieron ‘botar a un lado de la carretera’ a nuestro colega Rocabado, en vez de prestarle socorro humanitario”.
La región de Santa Cruz inició el 22 de octubre, por decisión de un cabildo, un paro de actividades en protesta por la decisión gubernamental de postergar hasta 2024 un censo nacional de población que define, principalmente, una reasignación de recursos económicos para las regiones y una nueva representación parlamentaria.
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