El Comité Interinstitucional de Santa Cruz condicionó su participación en el diálogo convocado por el Gobierno nacional al cese de la violencia en La Guardia, debido a que mientras el vocero presidencial, Jorge Richter, invitaba a retomar las negociaciones, continuaba la represión policial.
Según reportaron varios medios de comunicación, después de las 22:00 del martes volvieron los enfrentamientos entre ciudadanos que apoyan el paro cruceño en demanda de censo en 2023 y la Policía.
También hubo denuncias sobre la participación de los efectivos de la Policía en los conflictos, en el sentido de que se colocaron del lado de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), después de que pobladores de La Guardia despejaran uno de los puntos del cerco a Santa Cruz.
Sobre estas denuncias, el ministro Eduardo del Castillo reconoció que la movilización de los sectores afines al MAS está siendo acompañada por la Policía, afirmando que una de las políticas del Ministerio de Gobierno es custodiar o acompañar las movilizaciones ya sean del oficialismo o de la oposición.
Informó además sobre nueve personas aprehendidas y la identificación del vehículo en el que fueron trasladadas las personas con el objetivo de generar violencia y que además estaban armadas para “quitarles la vida a los ciudadanos bolivianos”. “Ya sabemos quiénes están acarreando y financiando a estos grupos”, sostuvo.
Medios locales reportan que la cifra de arrestados se acerca a la quincena y que también existen personas heridas, con contusiones y quemaduras.
Lejos del diálogo
Este escenario de violencia aleja las posibilidades de un diálogo, ya que los cívicos cruceños condicionaron su participación al cese de la represión policial y las hostilidades de grupos contrarios al paro indefinido, que mantienen un cerco a la capital cruceña.
“Para iniciar una mesa de diálogo tienen que cesar las hostilidades”, “antes de iniciar cualquier mesa de diálogo tiene que acabar la represión policial, la represión de la gente que vino a amedrentar y avasallar al pueblo cruceño”, “no se puede sentar a una mesa con estas hostilidades”, declaró el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.
Además de la violencia, las polémicas declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, obstruyen los canales de acercamiento entre la administración de Luis Arce y la institucionalidad cruceña, a tal punto que el Ministerio de la Presidencia tuvo que emitir un comunicado.
Del Castillo afirmó que “técnicamente es imposible” realizar el Censo en 2023; contrariamente al planteamiento del Gobierno de llevar el tema a una mesa técnica.
El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, indicó a El Deber que así no se puede iniciar el diálogo, debido a que Del Castillo demuestra que el Gobierno no tiene nada que negociar y mantiene la posición de realizar el empadronamiento en 2024.
Para atenuar las declaraciones del Ministro de Gobierno, el Ministerio de la Presidencia lanzó un comunicado en el que señala que la comisión para el diálogo está compuesta por el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el vocero Presidencial, Jorge Ritcher, y que las declaraciones de Del Castillo “no corresponden a la postura oficial del Gobierno nacional”.
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