Dos dirigentes de organizaciones afines al partido gobernante señalaron –de forma separada- que el cerco a Santa Cruz es una medida de protesta que está dentro de la legalidad. Expresaron que no les preocupa las posibles acciones que podría iniciar la Fiscalía.
“(El cerco) es una medida legítima de protesta social de resistencia frente a esta imposición fascista de la oligarquía. ¿Es legal que a la población se le obligue a pasar hambre, pero la oligarquía siga ganando millonarias sumas? Lo que estamos haciendo con este cerco a la oligarquía golpista es defender los bolsillos de la población”, dijo el secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Humberto Claros.
Los cívicos de Santa Cruz ingresaron a un paro desde la anterior semana para que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realice en 2023. En respuesta, organizaciones afines al Movimiento al Socialismo (MAS) hicieron un cerco a Santa Cruz con bloqueo de alimentos y la advertencia de una posible interrupción de servicios básicos.
Esta medida fue muy criticada por los cívicos del país, quienes recordaron que ni siquiera en tiempos de guerra ocurre tal cosa. De lo contrario, se deja pasar alimentos, medicinas y al personal de salud.
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