Ante la amenaza de toma de propiedades agrícolas por personas que se autoidentifican como interculturales de San Julián, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) emitió viernes un comunicado en el que rechaza “cualquier intento de toma de propiedades agropecuarias” y exige“que los órganos del Estado precautelen y garanticen el derecho de propiedad, el derecho a la vida y al trabajo de los agricultores” del departamento de Santa Cruz.

El pronunciamiento surge en medio del conflicto por el Censo, donde por siete días se lleva adelante un paro cívico en demanda de que la encuesta nacional se haga en 2023, mientras que organizaciones sociales asumieron medidas de presión como el cerco en Santa Cruz para forzar a que se levante el paro.  

La Anapo pidió a asociados que mantengan la serenidad “para no caer en provocaciones, que solo buscan crear una mala imagen de la noble tarea de producir alimentos en el agro cruceño y generar una situación de caos que el país y la sociedad boliviana no buscan”.

En la víspera, la Cámara Agropecuario del Oriente -entidad matriz de la que es parte ANAPO- advirtió que de paralizarse la actividad se causaría incertidumbre para la provisión de alimentos básicos a toda la población boliviana, ya que Santa Cruz provee más del 70% de la producción para el mercado nacional.

En ese sentido, los productores consideran injusta la dejadez de las autoridades ante el mandato por ley que tienen de proteger predios productivos. 

“A la casi nula acción de desalojo de predios avasallados, ahora tenemos que sumar las amenazas públicas de toma de propiedades que producen alimentos estratégicos, en el municipio de San Julián y en otras zonas de nuestro departamento; sin que ninguna autoridad se pronuncie firmemente al respecto, lo que es inentendible de parte del Estado”, reclama el comunicado.

Anapo observa que esta situación, de ausencia de respeto al derecho de protección a la propiedad privada, hace que el país sea cada vez menos atractivo para las inversiones en la producción de alimentos, además de reducir la credibilidad del Gobierno nacional, justo después de queya se llevaron encuentros para conocer las necesidades del sector productivo para continuar produciendo alimentos para el país.

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