El juez Tercero de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Heber Torrejón, argumentó que la exmandataria Jeanine Añez no acreditó su condición de presidenta constitucional de Bolivia, por lo que rechazó la solicitud de la exautoridad para ser juzgada en un juicio de responsabilidades por el caso de la designación presuntamente irregular en la gerencia de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).

“La ciudadana Jeanine Añez Chávez no acreditó de manera documentada, que la misma hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos. Consecuentemente al no demostrarlo, se evidencia que no tuvo la condición de presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que está exenta de exigir procesamiento especial”, señaló Torrejón.

La autoridad jurisdiccional explicó que el juicio de privilegio alcanza a las autoridades que asumieron la presidencia siguiendo la sucesión constitucional prevista en la Carta Magna, cosa que Añez no demostró de manera documentada y que en la Asamblea Legislativa tampoco existe ninguna resolución que la reconozca.

Respecto al comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avaló la presidencia de Añez, Torrejón señaló que el mismo no tiene efecto vinculante, ya que las únicas resoluciones vinculantes del TCP son declaratorias, sentencias y autos constitucionales.

La defensa de la exmandataria manifestó que el juez cometió prevaricato por lo que podría ser procesado. Carolina Ribera, su hija, calificó como ilegal, inconstitucional y que representa un abuso más en contra de su madre “Jeanine Añez, ex PRESIDENTA CONSTITUCIONAL de Bolivia”, recalcó en su twitter, tras escuchar la decisión del juez.

Asimismo, dijo que al declararse el juez competente para juzgar a Añez “está cometiendo un delito gravísimo en el país porque está criminalizando la sucesión constitucional que es la puerta a la democracia”.

Añez fue imputada por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipo y prolongación de funciones al haber designado a Fabiola Leiva Añez en el cargo de gerente de la compañía estatal EBA.

La defensa de Añez sostiene que esta acción fue realizada cuando ella ejercía la presidencia, por lo que su juzgamiento debe ser mediante juicio de responsabilidades.

El juez ahondó en la presunta inconstitucionalidad en la que hubiera asumido el cargo, "la asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades"; en la misma línea, los representantes del Ministerio de Justicia alegaron que no asumió el procedimiento legislativo para asumir el mando de la nación.

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