Pasaron dos años y ocho meses desde la promulgación de la Ley 1280 de Prevención y control al consumo de los productos de Tabaco y el reglamento que debía estar aprobado en un plazo de 180 días calendario aún espera, lo que impide el cumplimiento pleno de la norma que debe precautelar el derecho a la salud de la población con la dirección del Ministerio de Salud, autoridad competente.

“Si bien el Ministerio de Salud está trabajando esta reglamentación, aún no ha sido aprobada, tiene que pasar diferentes etapas del tratamiento de esta normativa para que pueda recién implementarse por los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales y todas las instancias que son competentes de su aplicación”, dijo a ANF Pamela Cortez, representante de la alianza Bolivia Libre Sin Tabaco.

Cortez lamentó que no haya ninguna fecha del Gobierno para la presentación del reglamento de la Ley que, de acuerdo a la misma norma, debería estar lista hace más de dos años.

La Ley 1280 busca contribuir a la disminución de la demanda de productos de tabaco principalmente de la población infantil y adolescente, “por lo que es fundamental se reglamente la Ley y se la aplique en un esfuerzo colectivo de todos los involucrados”, expresó en 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las restricciones que establece la ley aún no están siendo aplicadas de manera integral, debido a que hay funciones atribuidas a los gobiernos municipales que siguen pendientes por el retraso en la aprobación del reglamento.

De acuerdo al Informe sobre el control del tabaco en la Región de las Américas 2022 publicado en agosto, Bolivia incumple el monitoreo sobre la prevalencia del consumo de tabaco y las políticas de control del tabaco; tampoco ofrece ayuda para abandonar el tabaco; ni hace cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; y, tiene el impuesto a productos de tabaco más bajo de la región.

El informe resalta en Bolivia el aumento de ambientes libres de humo de tabaco y el cumplimiento del etiquetado y empaquetado de estos productos.

El consumo de tabaco causa enfermedades graves como cáncer, problemas cardiovasculares y pulmonares, además de mal aliento, dientes descoloridos y piel arrugada.

“Una de las medidas más importantes que nos dice el Convenio Marco para el control son los impuestos al tabaco que tampoco se ha avanzado, sigue siendo desde hace muchos años el 35,7% que es muy bajo para proteger de manera efectiva a nuestra población”, apuntó Cortez.

La activista destacó en la Ley 1280 la inclusión de los productos de tabaco calentados y electrónicos para fumar, pero, dijo, para que se aplique “tendría que estar reglamentado y es la deuda que tenemos pendiente con el país”.

Si bien el informe destaca una disminución de la prevalencia del consumo actual de tabaco en las Américas, que pasó de 28% en el 2000 a 16,3% en el 2020, la amenaza sigue presente en la población joven que ha ido migrando del consumo de cigarrillos tradicionales a cigarrillos electrónicos por el aumento de la disponibilidad y la oferta de estos productos.

La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, capítulo Bolivia, difundida en 2020, destaca que el 43,7% de los jóvenes bolivianos estuvieron expuestos a publicidades de productos de tabaco en los puntos de venta y recibieron cigarrillos sin costo de representantes de empresas tabacaleras (9,9%), también que el 64,7% de los jóvenes bolivianos que fuman expresaron que quieren dejar de fumar y un porcentaje igual (64%) intentó abandonar el hábito.

Según el artículo 13 de la Ley, “Se prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, por cualquier medio de difusión y en puntos de venta callejera, de productos de tabaco en forma directa o indirecta”.

La Ley además prohíbe la distribución y venta de cigarrillos sueltos, por unidad o al raleo; la comercialización y venta de productos del tabaco a menores de 18 años; la distribución y venta directa o indirecta de productos del tabaco a menos de cien metros de distancia de establecimientos de salud y de establecimientos del sistema educativo; exhibir productos de tabaco en sitios que permitan al usuario o consumidor tomarlos directamente o que estén al alcance de los niños, entre otros que no se están cumpliendo.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, dijo que son muy pocos los controles que se realizan a este tipo de productos que normalmente ingresan al país como contrabando.

“Nos limitamos en algunos casos a ver el sello de garantía de haber cumplido con todos los parámetros exigidos por la norma y los sellos de importación legal, pero en cuanto a la calidad del tabaco honestamente no se ha realizado por lo menos en esta gestión ningún tipo de control”, dijo a ANF el viceministro en una anterior entrevista.

Agregó que como viceministerio está exigiendo un nivel de mayor coordinación con las gobernaciones y las alcaldías para realizar controles en el mercado interno que permitan tener conocimiento sobre los cigarrillos y bebidas que podrían poner en riesgo la salud de la población.

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