La Defensoría del Pueblo activó una investigación por excesos policiales que se habrían cometido durante la aprehensión en el barrio de Miraflores de la ciudad de La Paz de la dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), Gudelia Botitano.

Un equipo defensorial sostuvo una entrevista con la dirigente, quien informó que fue detenida por personas vestidas de civil, en un número aproximado de tres. Posteriormente “la introdujeron a un vehículo de manera forzosa, toda vez que ella puso resistencia, y que durante el traslado a la FELCC no sufrió ninguna agresión”.

El médico legal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizó una valoración e identificó un moretón en el muslo derecho que no reviste gravedad y sugirió al fiscal Carmelo Laura que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) proceda a revisarla nuevamente, a fin de velar por su salud e integridad.

La Defensoría del Pueblo anunció que realizará un seguimiento a la realización de dicha valoración médico legal.  

La institución defensorial, también verificó en la FELCC que el operativo policial tenía el objetivo de ejecutar el mandamiento de aprehensión emitido el 12 de septiembre, en el marco del proceso penal que se sigue al dirigente cocalero Freddy Machicado por la toma del mercado paralelo de Villa El Carmen.

La Defensoría del Pueblo recordó que el Ministerio Público y la Policía están “obligados a garantizar el debido proceso conforme señala el artículo 116 de la Constitución Política del Estado y que, conforme el Artículo 196 del Código de Procedimiento Penal, el uso de la fuerza corresponde cuando es estrictamente necesario”.

Dentro de la investigación defensorial, se solicitará la lista de policías que intervinieron en el operativo, a efectos de indagar sobre los excesos policiales que se habrían cometido en contra de otros dirigentes cocaleros que se encontraban con Botitano.

La Defensoría demandó a los operadores de justicia que su accionar esté sujeto a dicha normativa y en apego a los principios de presunción de inocencia y en pleno respeto de los derechos humanos.

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