La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Gobierno ordenó ejecuciones extrajudiciales y torturas en contra de un grupo presuntamente armado la madrugada del 16 de abril de 2019 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, y planteó cuatro recomendaciones para la administración de Luis Arce, entre ellas investigar al expresidente Evo Morales, con la finalidad de evitar un juicio internacional.

De acuerdo con el informe de la CIDH, aprobado el 21 de diciembre de 2021 y al que tuvo acceso el diario El Deber, el Gobierno de ese entonces, al frente de Evo Morales, dio la orden de proceder en un operativo sin ninguna orden judicial ni fiscal.

Señala que los miembros de la Fiscalía y de la Policía no fueron considerados en el operativo porque “todo estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno, desde La Paz, y que tenían orden de no intervenir”.

Agrega que antes del operativo, el 15 de abril de 2009, cuando ingresaron las presuntas víctimas, las cámaras de seguridad del hotel Las Américas fueron apagadas. Tampoco hubo internet desde las 3:10 de la madrugada del 16 de abril de 2009, minutos antes del operativo y el servicio fue restablecido a las 9:00. Se habrían eliminado videos y registros de internet del hotel y personal del Ministerio de Gobierno estuvo alojado en el mismo.

Esa madrugada, un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en habitaciones disparando sus armas de fuego. Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer murieron; Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.

Signos de tortura

A pedido de Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, la CIDH revisó las condiciones de sus detenciones y las torturas cometidas. Sobre los dos primeros, indica que su detención se produjo sin orden de aprehensión, que recién fue emitida casi al mediodía del 16 de abril de 2019 por una probabilidad de autoría en el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas y peligro de fuga, aunque esta instancia internacional señala que no hay vínculos entre el atentado a la casa del líder de la Iglesia católica y las detenciones.

También señala que no fueron hallados en flagrancia y que se encontraban durmiendo. En la habitación de Tóásó no habían armas y en la de Tadic no hubo rastros de fuego cruzado.

“En consecuencia, la Comisión estima que las detenciones se produjeron de manera ilegal y arbitraria. El Estado es responsable de la violación de su derecho a la libertad personal, basada en que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal ya que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas en la Constitución, las leyes o partes dictadas conforme a ellas”, indica la CIDH.

También sostiene que “los graves actos de tortura cometidos contra las cuatro víctimas no merecieron una investigación adecuada por parte de las autoridades judiciales bolivianas” y argumenta Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza, cuando fueron presentados tras sus arrestos, mostraron signos de tortura, pero que no fueron considerados por Ministerio Público ni la justicia en La Paz.

Vulneraciones a la Convención Americana de DDHH

Finalmente, la CIDH concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida (artículo 4), integridad personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8), protección de la honra y de la dignidad (artículo 11) y protección judicial (artículo 25) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Para evitar un juicio ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, el país debe obedecer cuatro recomendaciones: reparar las violaciones y tomar medidas de compensación económica y satisfacción, disponer las medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas, y una investigación diligente para sancionar y tomar las medidas para que en el futuro se produzcan hechos similares.

El informe de la CIDH fue aprobado el 21 de diciembre de 2021, con la firma de la entonces presidente, Antonia Urrejola (actual canciller de Chile); la primera vicepresidente, Julissa Mantilla Falcón; la segunda vicepresidente, Flavia Piovesan, y las comisionadas Margarette May Macaulay y Esmeralda Arosemena.

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