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Chaparina: 11 años, tres sentenciados y nadie en la cárcel

La tarde de un día como hoy, domingo 25 de septiembre, pero hace 11 años, el 2011, madres, ancianos, adultos, jóvenes y niños que formaban parte de la VIII Marcha Indígena fueron reprimidos violentamente y, pese a todo el tiempo transcurrido, hoy, el caso solo tiene tres sentenciados y no hubo un solo encarcelado, ni un día.

Chaparina: 11 años, tres sentenciados y nadie en la cárcel
La expresión de esta indígena dio la vuelta al mundo.

“Mala madre, eres una perra, ¿por qué traes a tus hijos aquí? (…) no pensaste en tu hijo, eres una perra. [Durante la búsqueda de los marchistas que habían escapado al monte les gritaban] por qué no se paran, perras, putas. Háganse las machitas ahora…”.

Es uno de los testimonios de las víctimas de la violenta represión policial a indígenas que marchaban en defensa del Tipnis, contenido en un informe defensorial de aquel suceso, revisado por CORREO DEL SUR. 

La tarde de un día como hoy, domingo 25 de septiembre, pero hace 11 años, el 2011, madres, ancianos, adultos, jóvenes y niños que formaban parte de la VIII Marcha Indígena fueron reprimidos violentamente y, pese a todo el tiempo transcurrido, hoy, el caso solo tiene tres sentenciados y no hubo un solo encarcelado, ni un día.

El viernes 29 de julio, diez años, diez meses y cuatro días después de lo ocurrido en Chaparina, la justicia dictó cárcel contra tres exjefes policiales por cuatro delitos, pero la pena –la más leve dispuesta por los tipos penales del Código Penal juzgados en este caso– no los llevará a pasar un solo día tras las rejas.

Los políticos del Gobierno que impartieron las órdenes ni siquiera fueron incluidos en el proceso. Marcos Farfán, viceministro de Gobierno cuando se ordenó la represión policial, fue imputado por incumplimiento de deberes, lo mismo que el exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas. Ninguno de los dos fue cautelado ni encarcelado.

Así, todo apunta a que la flagrante violación a los derechos humanos de los marchistas reprimidos por un contingente de 500 policías hace 11 años no fue tal. Al menos no para los jueces que dictaron la sentencia.

Aquella tarde, en San Miguel de Chaparina, Beni, la fuerza policial intervino y protagonizó una de los más brutales actos de represión de la historia reciente del país contra pueblos indígenas, aquellos que marchaban hacia La Paz para rechazar la construcción de una carretera por el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis).

El Informe del Defensor del Pueblo de noviembre de 2011 –del que se extrajo el testimonio que introduce esta nota–, denuncias dentro y fuera del país y pronunciamientos de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos establecen con pruebas que allí se cometieron delitos.

Los documentos y las denuncias señalan violaciones a la Constitución Política del Estado (CPE) y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), por ejemplo.

“Enmendar estos dolores que han pasado los niños, que hoy son jóvenes, que hoy cuentan con 18, 19, 21 años”, es la esperanza que les queda, dice a este periódico, al repasar los hechos ocurrido hace ya más de una década, el expresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez.

SENTENCIA TRAS EL JUICIO

La madrugada del viernes 29 de julio, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz impuso dos años y ocho meses de cárcel para los generales Luis Zapata, Óscar Muñoz Colodro y Carlos Flores, condenados por incumplimiento de deberes, allanamiento, vejaciones y torturas, y privación de libertad.

Los 2,8 años de condena hacen pasibles a los exjefes policiales a acogerse a la “suspensión condicional de la pena”, una figura del Código de Procedimiento Penal que podrían activar sus abogados. El artículo 366 de ese cuerpo legal dice que “la jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración; 2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso, en los últimos cinco años”.

La pregunta es si la defensa invocará ese artículo para impedir que los exjefes policiales pasen a la cárcel, una vez conocida la sentencia en primera instancia.

El abogado del general Zapata, Karlo Brito, lo descarta; en cambio, adelanta que esperan la lectura de la sentencia íntegra para activar otro recurso, el de “apelación restringida”. “Vamos a atacar al proceso en sí, a la forma en que han llevado adelante este juicio plagado de irregularidades porque, por ejemplo, no se hizo una correcta valoración de la prueba. Presentaremos apelación restringida”, dice desde La Paz.

Agrega que pese a que pasaron casi dos meses desde la lectura de la parte resolutiva de la sentencia, la justicia no los convocó para la audiencia de la lectura íntegra del fallo, que él considera “ilegal”.

“Lo que pasa es que no están (enjuiciados) los que deberían estar, los que dieron las órdenes (para la intervención policial), como Sacha Llorenti (entonces ministro de Gobierno) y Evo Morales; ellos fueron los responsables de Chaparina y en el juicio no se los menciona ni de paso”, protesta.

El general Muñoz dijo en su momento que Llorenti ordenó la represión y que la cadena de mando nunca se rompió, algo que siempre adujo el después nombrado embajador boliviano en la ONU y actual secretario ejecutivo de la ALBA-TCP.

El premio al “Mariscal de Chaparina”

Sacha Llorenti era ministro de Gobierno en 2011 y tenía a su mando a la Policía en el momento de la represión en Chaparina. Fue el primer apuntado por los vejámenes a los indígenas del Tipnis y denunciado por tal motivo, pero nunca lo procesaron.

El 5 de septiembre de 2012, menos de un año después de la intervención a los marchistas, el entonces presidente, Evo Morales, nombró a Llorenti como Embajador de Bolivia ante la ONU, cargo en el que se mantuvo hasta el 15 de noviembre de 2019 (más de siete años), cuando fue cesado tras la renuncia y huida de Bolivia de Morales.

En su momento, esa designación fue calificada por las víctimas de Chaparina como un premio de Morales a su leal ministro. Ellos le pusieron el apodo de “Mariscal de Chaparina”, endilgándole la autoría intelectual de los abusos cometidos por la tropa policial.

Antes de ser embajador y ministro, paradójicamente, Llorenti fue Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, nombrado por otro hombre fuerte de la era de Morales: Juan Ramón Quintana.

Llorenti siempre defendió su inocencia en el caso Chaparina. Negó haber ordenado la represión y transfirió toda la responsabilidad a la institución verde olivo. Un exdirector de Régimen Interior y un exjefe policial lo señalaron a él como culpable.

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