El proyecto de ley de supervisión y acceso a la información en el ejercicio del control gubernamental otorga a la Contraloría General del Estado la facultad de “supervisión como un control concurrente”, un “auditor gubernamental” será asignado a esta labor y de existir obstaculización la norma prevé procesos penales. 

El proyecto fue presentado por la presidenta de la Comisión de Justicia Plural Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, Virginia Velasco (MAS), el 27 de abril de 2021, dirigida al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, el 22 de noviembre de ese año pidió que se reponga el proyecto.

La norma en su artículo 1, tiene el objeto de regular el ejercicio de la supervisión por la Contraloría General del Estado como parte del control gubernamental, así como el acceso a la documentación en operaciones ejecutadas o en proceso de ejecución en los cuáles tenga participación o interés el Estado.

Precisa que el sistema de control gubernamental, además de contar con el “control interno” y “control externo posterior”, comprenderá la “supervisión como un control concurrente”.

La Contraloría General del Estado en el marco de sus atribuciones, a denuncia, solicitud o de oficio podrá ejercer el “control concurrente” sobre las actividades, operaciones y resultados en curso o ya ejecutadas, donde se hubieran producido uno o varios efectos jurídicos o aquellos que no hubieran cumplido los objetivos institucionales.

Las actuaciones pueden ser sobre las entidades públicas y aquellas en las que tenga participación o interés el Estado. La Contraloría podrá emitir pronunciamientos de acuerdo a tres situaciones: a) nota administrativa e informa de observaciones; b) informe circunstanciado de hechos; y c) nota administrativa sin observaciones.

En el artículo 4 del proyecto de ley, prevé el acceso a información y documentación, señala que dentro de la “Supervisión”, la Contraloría a través del “auditor gubernamental” tendrá acceso a toda la información y documentación del “sector público a través de las entidades públicas, empresas públicas, cualquiera sea su naturaleza, así como también el acceso al sector privado comercial, incluyendo también cooperativas, asociaciones u otra de cualquier tipología sin excepción que se encuentren ejecutando actividades, operaciones y/o resultado ya ejecutado”, se lee en el proyecto.

Asimismo, establece que la solicitud de acceso a la información debe ser respondida de acuerdo al pedido del auditor gubernamental, tiene mínimo 10 días hasta 30 días para responder.

El artículo 5, se refiere al entorpecimiento en el control gubernamental, si una persona no atiende favorablemente a los requerimientos para el control gubernamental, sin justificación aceptada, será procesado “por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, desobediencia a la autoridad e impedir o estorbar el ejercicio de funciones”.

Se prevén allanamientos, previo “requerimiento formal” se podrá ejecutar en la entidad pública o institución privada en su domicilio legal y se procederá a la incautación solo cuando sea útil para la investigación.

Repercusiones

La senadora de Creemos Centa Rek aseguró que dicha propuesta propone la creación de un “auditor gubernamental”, es totalmente extorsiva para la ciudadanía,  empresarios privados, asociaciones y cooperativas, comparando  la misma con la rechazada Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas mediante la cual el gobierno pretendía ejercer  el mismo tipo de violaciones a los  derechos ciudadanos y en especial a las emprendimientos privados. 

“Se trata de la creación de una figura del auditor gubernamental,  que sería ejercida por el contralor de la República,  en una función totalmente ajena a todo lo que prevé la ley y la Constitución creando una figura muy similar a la que ya rechazamos en 9 días de paro, que es la ley 1386, que era la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, donde se ejercía el mismo tipo de violaciones de derechos a las empresas privadas, a los empresarios a los ciudadanos, a las personas jurídicas a las cooperativas, detalló Rek.

Alertó a la ciudadanía que el alcance de este proyecto de ley no es exclusiva para afectar a los empresarios privados, ya que tendrá la potestad de auditar todo tipo de emprendimiento ciudadano.

“Es una ley exclusivamente extorsiva, que da derecho, libertad y libre albedrío para la extorsión de las personas particulares,  porque a simple suposición - es lo mismo que la ley 1386-  pueden allanar domicilios,  pueden privar de libertad a las personas,  pueden tomar los bienes de las personas, pueden  ejercer una serie de acciones que están totalmente reñidas con la garantías… van a ser extorsionados al punto de generarle el encarcelamiento, la privación de la libertad,  incluso quitarle sus bienes”, advirtió Rek

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