El abogado de la Asamblea Peramente de Derechos Humanos Jorge Valda  informó que denunciaron ante la delegación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación  de las Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se pretende naturalizar el uso de infiltrados militares y policías en las organizaciones sociales, para generar conflicto y encarcelar a inocentes.

“Se ha demostrado y esto preocupa que se pretenda naturalizar o ver como algo cotidiano el enviar agentes infiltrados tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas (FFAA) a las organizaciones sociales, este es un acto contra la existencia misma de la democracia”, declaró Valda en contacto con la ANF.

Añadió que la carta democrática de la Organización de Estados Americanos prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en contra de la ciudadanía (…) Las Fuerzas Armadas y la Policía deben preservar la seguridad de los ciudadanos no convertirse en agentes provocadores del delito porque en nuestro país un agente infiltrado no se convierte en un agente de información sino es al contrario”, explicó.

Una delegación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se reunió este pasado lunes con representantes de organizaciones de la sociedad civil, encuentros en los que también recibió nuevas denuncias.

De la reunión participaron familiares de los tres jóvenes detenidos de la resistencia civil La Paz, de los detenidos de la resistencia juvenil cochala y los del Plan 3000 de Santa Cruz, quienes denunciaron y mostraron toda la documentación e informes que demuestran que el Gobierno, a través del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, vulneró los derechos de los arrestados y aprehendidos.

“Los infiltrados en Santa Cruz, en Adepcoca y los infiltrados militares en la resistencia civil La Paz se han constituido en agentes impulsores del supuesto hecho delictivo, es decir, llevemos los escudos y cascos para realizar una labor distinta a lo cual están destinados (…) Realizar allanamientos en domicilios particulares y que a título de investigación de la Policía se esté cometiendo estos excesos es realmente preocupante”, subrayó el jurista.

También citó lo sucedido en el encuentro del Instituto Nacional de Estadística (INE), el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui y las instituciones cruceñas, cuando la gente que se encontraba en las afueras del recinto denunció la presencia de dos efectivos de inteligencia. Cuestionó que el comandante de Radio Patrulla 110, Marco Cortez, los justifique bajo el argumento que fueron enviados para proporcionar información.

Valda criticó estas declaraciones ¿por qué uno de estos supuestamente policías tenía credencial venezolana?, ¿por qué tenían un microondas, cables eléctricos y dispositivos metálicos?

“En mi experiencia como profesor de criminología, un microondas con la energía eléctrica y colocando un spray de cabello o un empaque donde existe un envase metálico se convierte en una bomba, eso se convierte en un dispositivo explosivo. Y sumado al hecho que no se demostró que hayan tenido licencia para portar armas se convierte en un atentado contra la sociedad”, sentenció.

Lamentó que, pese a las denuncias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se pronuncie sobre los 130 presos políticos y tampoco sobre la necesidad de protección de los derechos humanos.

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