El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó este jueves que no ha recibido denuncia formal por el tema del subsidio materno-infantil y afirmó que en realidad existe un “ataque político” y “arremetida” contra modelo económico, debido a las informaciones que circulan en contra de este servicio estatal.
“Sentimos que lamentablemente existe un ataque político gestado por diferentes sectores en contra de los servicios que brinda el Estado. Nosotros, como Viceministerio de Defensa del Consumidor, durante este tiempo no hemos recibido niegan denuncia por arte de ninguna consumidora sobre el subsidio”, dijo Silva en conferencia de prensa.
En los últimos días se difundieron denuncias de sobreprecios, maltrato y hasta discriminación en la entrega del subsidio. La activista María Galindo difundió las denuncias de madres de familia que expresaron sus quejas contra el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).
Silva aclaró que con la denuncia de “ataque político” no se refería específicamente a María Galindo, sino señaló que existe empresarios del área de alimentos que buscarían hacer fracasar el modelo económico no sólo con el tema del subsidio, sino con las controversias del pan, trigo, maíz, carne de cerdo y huevos.
“Estamos sintiendo esta arremetida por parte de algunos empresarios que se pueden favorecerse o perjudicarse por alguna acción que asume el gobierno y esta actividad de los empresarios tiene la coincidencia que está ligada a la alimentación”, dijo.
Silva recalcó que su Viceministerio no ha recibido denuncias sobre el subsidio, pero expresó que existe apretura a recibir las quejas en oficinas del Ministerio de Justicia a nivel nacional o la línea 800 10 0202.
Sedem justifica precios
La gerente del Sedem, Fátima Pacheco, explicó que, por el principio de solidaridad, los precios que tienen los productos del subsidio son los mismos a nivel nacional. Aseveró que incluso la distribución llega a pueblos indígenas, mediante brigadas móviles, al mismo precio.
También aseguró que son productos de calidad y que los proveedores saben la dificultad de acceder a estos contratos.
Pacheco atribuyó a “malos intermediarios” la responsabilidad por las quejas de usuarias, por lo cual resaltó que en esta gestión se ha cambiado la estrategia para que empresas estatales distribuyan los productos y reduzcan precios.
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