El gobierno de Bolivia tildó de “absolutamente impertinentes” las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ofreció asilo a la expresidenta Jeanine Añez, porque sus afirmaciones se constituyen en una “injerencia” en asuntos internos, por esa razón harán un reclamo diplomático.
“Lamentamos las desafortunadas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que son absolutamente impertinentes, hace una inapropiada injerencia en asuntos internos”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta.
El presidente de brasileño en las últimas horas dijo que hará lo posible para que la exmandataria interina, Jeanine Áñez, reciba asilo político en su país, en el marco de la defensa de los derechos humanos que practica su gobierno.
"Brasil está poniendo en práctica el tema de las relaciones internacionales, los derechos humanos, a ver si trae a Jeanine Áñez, le ofrece cobijo aquí en Brasil. Es una injusticia para una mujer encarcelada en Bolivia", dijo el mandatario en un programa brasileño.
Mayta dijo que estas afirmaciones “No respetan las formas de relacionamiento entre Estados y no coinciden con la buena vecindad y respeto mutuo entre Brasil y Bolivia”, asimismo, que “bajo ningún concepto se aceptará la injerencia que soberanamente le corresponde a la justicia y a la institucionalidad de Bolivia”.
La autoridad gubernamental en rueda de prensa dijo que harán una representación diplomática por estas afirmaciones del mandatario brasileño.
“Ya hemos estado trabajando en esa representación vamos a ser cumplidores de las reglas que definen nuestra forma de relacionamiento internacional y corresponde realizar un reclamo diplomático”, sostuvo.
La exmandataria recientemente ha sido condenada a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en un juzgado ordinario. Fue hallada culpable por haber asumido la presidencia durante la crisis política en noviembre de 2019.
Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que ha monitoreado el juicio ha realizado al menos seis observaciones en las que puso en cuestión el respeto al debido proceso. A este informe preliminar se sumaron otras voces de la comunidad internacional.
El canciller señaló que Añez es procesada ante la justicia acusada de diferentes “cargos criminales”, entre ellos haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, se refirió específicamente a las masacres en Sacaba y Senkata.
Acotó que existen suficientes indicios que hubiera cometido delitos de lesa humanidad, al haber promulgado el Decreto Supremo 4078 mediante el cual autorizó a las Fuerzas Armadas a actuar contra la ciudadanía desarmada.
No obstante, el Gobierno el primer proceso que impulsó no fue por las masacres sino por un presunto “golpe de Estado” en el país.
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