El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, admitió que los subtenientes de la Policía que terminaron sus estudios en diciembre de 2021 cobraron sueldos íntegros de enero de 2022, pese a que recién fueron graduados el 27 de ese mes como nuevos oficiales, justifica que trabajaron a fin de año de 2021. Dos diputados del Movimiento al Socialismo lo denunciaron ante la Fiscalía.

“El plan de estudios de la Policía concluye en diciembre de cada año desde que existe la Academia de Policía, esto está corroborado con los certificados de egreso y los correspondientes títulos emitidos por la Universidad Policial que han sido emitidos en diciembre de la gestión anterior. No obstante, por temas de agenda (…), los actos simbólicos se realizan en la gestión de enero. Por lo tanto, se ha pagado de manera íntegra el sueldo a los subtenientes del mes de enero”, dijo Del Castillo en una rueda de prensa.

Los diputados Ramiro Venegas y Freddy López del Movimiento al Socialismo (MAS) denunciaron al ministro Del Castillo y al comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, en la Fiscalía. Sostienen que no correspondía el pago completo por el mes de enero, porque los 300 cadetes de la Academia Nacional de Policías (Anapol) fueron sumados al escalafón recién el 27 de enero.

El titular de Gobierno argumentó que los subtenientes fueron beneficiados con sus títulos en el mes de diciembre, por esa razón, cumplieron tareas de patrullaje para las fiestas de fin de año, aunque después dijo los subtenientes empezaron a trabajar desde el primero de enero de 2022.

Negó que exista algún tipo de irregularidad en el pago, pues cualquier servidor público civil, policial o militar "si trabaja un mes tiene el ítem correspondiente por parte del Estado".

El diputado López en contacto con ANF cuestionó que el mismo día que presentó la denuncia contra el ministro, la Fiscalía desestimó el caso, prácticamente en "tiempo récord", sostuvo, pero dijo que insistirán con la demanda por eso es que presentaron un memorial para revocar la decisión del Ministerio Público.

Los legisladores sostienen que existe un daño económico al Estado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, exhortaron al Ministerio Público a abrir una investigación para identificar las responsabilidades de un pago de sueldos que consideran ilegal.

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