El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, en su informe sobre el sistema judicial establece que constató que los patrones de injerencia en órgano Judicial no han sido erradicados.

En el subtítulo Injerencias, el experto manifestó que durante su visita hace tres meses “Constató, también, que los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados”.

En esa línea sostuvo que “La independencia del sistema judicial debe ser garantizada por el Estado, esa es su obligación internacional y constitucional. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y acatar dicha independencia”, dice el texto.

Hizo una serie de referencias al sostener que la Relatoría ha abordado el tema a lo largo de muchos años, como la detención de una exalcaldesa de La Paz en 1998, la detención de una jueza en 2011, la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional en 2014, la persecución política y judicial de exautoridades en 2020, en 2021 la remoción de vocales de los tribunales electorales.

García Sayán dijo que hace suyas varias recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por ejemplo, en relación a tipos penales ambiguos como sedición, terrorismo.

“Además, el Relator Especial destaca la recomendación que explica que garantizar la independencia del sistema de justicia incluye que las autoridades se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse”, se lee en el documento.

Citó el caso de la expresidenta Jeanine Añez detenida en el penal de Miraflores, en el contexto de los dos casos “golpe I” y “golpe II”, dijo que pudo ser testigo de confrontación y preocupación que rodea el caso.

El caso “pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana”.

El experto en materia de justicia, también señaló que “La corrupción puede ser una herramienta de ataque a la independencia judicial”. Dijo que se enteró de situaciones que son “preocupantes” en relación a “indicadores de lo que puede ser posible por medios ilícitos, irregulares y corruptos (…). Todas las instancias de corrupción en un órgano judicial deben ser sancionadas con todo el peso de la ley. 91”.

La elección por voto no garantiza la independencia

García Sayán destacó las reformas constitucionales que introdujeron modificaciones institucionales importantes en las últimas décadas. Marca como un hito las reformas de 1994, cuando se creó el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría del Pueblo.

Señaló que la constituyente posibilitó una nueva estructura institucional en la Constitución, sin embargo, “La elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009 no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”, sostiene.

Justicia indígena, justicia de paz y detenciones 

Sostiene que la jurisdicción indígena originario campesina, reconocida en la Constitución de 2009, ha sido relegada por la legislación posterior (Ley de Deslinde Jurisdiccional de 2010) a conocer solo de temas de relevancia limitada y marginal para la administración de justicia.

Rescata que la justicia de paz podría desempeñar un papel relevante para procesar contenciosos y conflictos menores. Sin embargo, la Ley 025 no contempla esta figura.

Por otro lado, señala que la situación de las personas privadas de libertad es grave tanto por la tasa de hacinamiento (del 349,8 %) como por la alta proporción en detención preventiva, es decir, sin sentencia condenatoria.

Advierte que “La carrera judicial es muy débil dada la alta proporción de jueces transitorios, así como regulaciones y prácticas que afectan principios básicos como la inamovilidad. Existen dificultades en el acceso a la justicia”, se lee en el informe.

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