En medio de la polémica por el accionar corrupto de efectivos y jefes policiales involucrados en el tráfico, comercialización y recuperación de autos ilegales y robados, el comandante General de la Policía, Jhonny Aguilera, informó que se sancionará con la pérdida de un año de antigüedad a los efectivos policiales que tengan en su poder un vehículo ilegal o “chuto” y anunció otras sanciones ante incumplimientos de obligaciones.
“Hoy mismo la Policía boliviana ha emitido una resolución mediante la cual se sanciona con la pérdida de un año de antigüedad a quien estuviere poseyendo un vehículo de carácter ilegal y conduciéndolo”, informó la autoridad ante la consulta de ANF.
Admitió que el hecho de que un funcionario policial tuviera en su poder motorizados indocumentados antes era considerado una falta “sin mayor trascendencia”, sin embargo, dijo que a partir de la fecha “esa falta va a ser tipificada como un incumplimiento de resoluciones”. Agregó que se trata de generar mecanismos para un control más eficiente de las actividades que la Policía realiza, “desde el punto de vista operativo y administrativo”.
El pasado fin de semana, a través de un reportaje de la televisión chilena, se develó que existe participación de jefes policiales y al menos un militar en el tráfico y comercialización de autos robados en Chile y otros países. Por este escándalo, la Policía apartó de sus filas al subdirector de Diprove Santa Cruz, Rolando Téllez, y al vocal suplente del Tribunal Supremo Disciplinario del verde olivo, excomandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, Raúl Cabezas Pantoja.
A estos hechos se suman las constantes denuncias de ciudadanos que sufrieron el robo de sus vehículos en el país, quienes, al acudir a la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), fueron víctimas también de cobros de dinero para que se hagan las investigaciones o para el mismo retiro de las denuncias de robo.
Aguilera manifestó que la Inspectoría General de la Policía tomará conocimiento y posesión de los Inspectores departamentales del país “que pasarán a depender de él”, para definir que cualquier actividad “vulneradora de cumplimiento de obligaciones o de otro tipo de circunstancias” sea sancionada de forma inmediata.
“Insto a los camaradas que sigamos trabajando con tenacidad, con ímpetu y no dejemos que estos comentarios mellen nuestra dignidad”, solicitó a los miembros de la institución del orden.
Uno de los casos conocidos fue difundido en un reporte de la televisora Bolivisión, donde una víctima de robo de su vehículo denunció que Diprove El Alto, en primera instancia le rechazó la denuncia; una vez aceptada, no hizo las indagaciones respectivas, por lo que ella tuvo que buscar y encontrar su vehículo. Finalmente, el investigador de Diprove asignado le solicitó dinero para hacerle la devolución.
En otro caso conocido por ANF, un vehículo extraviado también en la ciudad de El Alto fue denunciado como perdido ante Diprove, el motorizado fue encontrado en menos de 24 horas por el mismo dueño, y al acudir a la instancia policial para que retire la denuncia, los efectivos le pidieron $us 500 con el argumento de que ya habían iniciado el proceso de investigación e incurrido en gastos en recursos humanos y logísticos.
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