La organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, en su informe anual 2021/2022 advirtió que entre enero y junio de 2021, las autoridades y los miembros del partido político gobernante presentaron cargos en contra de al menos a 41 altos cargos del gobierno interino de Jeanine Áñez, de defensores y defensoras de los derechos humanos, de profesionales de la abogacía y miembros de la judicatura por “delitos imprecisos” tales como “terrorismo”, “sedición” y “conspiración”.

Si bien el gobierno de Luis Arce anuló el delito de sedición, mantiene las figuras de terrorismo y conspiración, que fueron observadas por los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos.

Amnistía Internacional señala además que “esta situación formaba parte de una estrategia más amplia (del Gobierno) consistente en acusar a personas opositoras o críticas de haber ayudado a organizar un golpe de Estado en 2019”. 

Las autoridades, agrega la organización mundial, encarcelaron a Jeanine Áñez, la expresidenta interina, acusada de terrorismo, sedición y genocidio “en unos procedimientos que algunos observadores internacionales criticaron por carecer de las debidas garantías procesales”. 

La organización también cita en su informe que las autoridades de Gobierno “estigmatizaron y hostigaron” a varios defensores y defensoras de los derechos humanos, como Waldo y Franco Albarracín y Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional señala que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), órgano adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó en agosto su informe sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la crisis posterior a las elecciones de 2019, y destaca la falta de independencia del sistema de justicia y la necesidad de anular un decreto de amnistía que facilitaba la impunidad por violaciones de derechos humanos.

En él, señala Amnistía, se destacaban graves deficiencias por parte de las autoridades a la hora de garantizar la autonomía e independencia del poder judicial y de la Fiscalía General del Estado, así como obstáculos al acceso a la verdad, la justicia y la reparación que encontraban las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la crisis postelectoral. 

Tras la publicación del informe del GIEI, las autoridades prometieron anular el decreto de amnistía. En octubre de 2021 el Legislativo boliviano aprobó la anulación del cuestionado decreto, pero las autoridades “siguieron utilizando el sistema de justicia para atacar a la oposición política e hicieron caso omiso de las garantías de juicio justo”.

Respecto a los pueblos indígenas, éstos “seguían siendo hostigados y atacados por defender su territorio y el medioambiente”, además que “el gobierno no actuó para proteger los bosques”.

“Las autoridades aprobaron normativas que incentivaban la explotación maderera y la quema de bosques y otros tipos de vegetación”, apunta. 

Sobre la pandemia del coronavirus, se lee en el informe que Bolivia combatió una tercera ola de Covid-19 y los trabajadores y trabajadoras de la salud denunciaron falta de remuneración y condiciones de trabajo inseguras.

El 41% de la población boliviana tenía la pauta completa de la vacuna contra el Covid-19 al concluir el año 2021 y miles de profesionales de la salud que trabajaban en instituciones públicas “pasaron meses sin recibir salario alguno; en muchos casos, trabajaban sin equipos de protección personal adecuados”.

En cuanto al derecho de las mujeres, refiere el informe, según la Fiscalía General del Estado, en 2021 se registraron 108 feminicidios, frente a los 113 que se habían denunciado en 2020. Los grupos de la sociedad civil subrayaron la necesidad de emprender acciones más firmes respecto a las políticas para prevenir la violencia.

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