Una comisión de fiscales de Potosí presentó requerimiento conclusivo de acusación contra el presidente del Comité de Movilizaciones del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Ramiro Marcos Subia Chirinos, por el presunto delito de impedir o estorbar el ejercicio de funciones, a denuncia de la actual Defensora del Pueblo Nadia Cruz, a raíz de algunos hechos registrados en diciembre de 2019, cuando el ahora acusado habría encabezado una movilización para cerrar con violencia las oficinas de la Delegación Defensorial en Potosí.
Subia se encuentra en la clandestinidad desde diciembre de 2021, cuando un contingente de casi 2.000 policías fue desplazado hasta la ciudad de Potosí con el objeto de detener a Marco Pumari y otros dirigentes denunciados de promover la quema de las oficinas del Tribunal Electoral Departamental, tras las elecciones generales de 2019 que fueron tachadas de fraudulentas a favor de Evo Morales.
El requerimiento conclusivo fue firmado el 26 de octubre de 2021 por los fiscales Nelson Pimentel Ballesteros, Cesia Salinas Burgos y Raúl Raya Castro, y recién la semana pasada fue notificado a su abogado y hermano Remberto Subia Chirinos, quien en contacto con Erbol ratificó que Ramiro sigue en la clandestinidad.
Explicó que la acusación es un atropello más que sufre Ramiro que ya tiene varios procesos. Uno de ellos por la quema de la casa del expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, quien – según Remberto - sindicó a Ramiro Subia por razones políticas, sin considerar que muchos de sus clientes pudieron haber participado como una expresión de protesta por el mal servicio profesional que presta en esa ciudad.
El otro proceso que enfrenta Ramiro Subia es por la supuesta participación en la quema del edificio del Tribunal Electoral en 2019 por la que está actualmente detenido el exlíder cívico Marco Pumari. Hay otro juicio anunciado por el mismo Víctor Borda por presuntas calumnias e injurias, explicó el abogado.
Indicó que también su hermano Freddy Subia fue incorporado al proceso por la quema del edificio electoral para “salvar la responsabilidad de la Policía Boliviana” que lo detuvo indebidamente, al ser confundido con su hermano Ramiro que actualmente ya lleva cinco meses en la clandestinidad.
Sin embargo, no solo Ramiro y Freddy sufrieron violaciones a sus derechos humanos, sino que el mismo Remberto Subia recibió un día con sorpresa una orden de allanamiento a su domicilio, donde varios policías ingresaron con prepotencia y violencia buscando a Ramiro, sin respetar la presencia de niños y de su madre, una mujer de la tercera edad.
Explicó que toda su familia vive permanentes abusos, persecuciones y violación a sus derechos humanos a consecuencia de la denuncia interpuesto por la Defensora Nadia Cruz quien, a pesar de tantas denuncias que salieron en medios de comunicación, no se pronunció sobre estos atropellos.
Dijo que el rol de Nadia Cruz en este proceso “fue atroz y actuó como verdadera operadora política del MAS” y lamentó que ahora intente ser elegida en la Asamblea Legislativa para seguir en ese cargo que ya lo hizo de forma reprochable durante tres años de interinato.
Manifestó que entristece ver cómo jueces y fiscales pierden todos los principios de la administración de justicia que aprendieron en las universidades, solo por conservar una pega que el día de mañana pueden perderla y luego tendrán que rendir cuentas de sus actos ante la justicia.
El abogado afirmó que no existe fecha para el juicio oral solicitado por la Fiscalía y observa que tampoco existen garantías para que su hermano pueda asumir defensa, por lo que estima que no se presentaría a la audiencia.
Anunció que cuando Ramiro sea declarado rebelde, pedirá ser reconocido como abogado defensor de oficio ante un requerimiento conclusivo mal investigado, donde los únicos testigos son funcionarios de la Defensoría y policías que habrían estado el día del supuesto cierre de las oficinas defensoriales.
El artículo 161 del Código Penal sobre el delito de impedir y estorbar el ejercicio de funciones, indica que quien “impidiere o estorbare a un funcionario público el ejercicio de sus funciones, incurrirá en reclusión de un mes a un año”.
El pasado 9 de abril, la madre Margarita Chirinos viuda de Subía, declaró al matutino El Potosí, que su hijo Ramiro es víctima de una injusta persecución por haber cumplido un mandato de un cabildo del pueblo potosino.
Entre sollozos, dijo que no sabe de él y solo le queda llorar y rogar a Dios para que salga de esta difícil situación. “Ni hijo no ha hecho nada, no ha robado, no ha violado y mi hijo está así por hablar y por reclamar por Potosí”, manifestó al medio digital.
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