El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy que en el marco del proceso investigativo por la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, que se registró en noviembre de 2019, la Comisión de Fiscales solicitó a la Universidad Autónoma Tomás Frías la lista de estudiantes de la Federación Universitaria Local (FUL) de aquel entonces; sin embargo, ante la dilación de la respuesta, el Ministerio Público realizó otros requerimientos para obtener la información necesaria que ayude a esclarecer hechos, por ello ya no es necesario que las autoridades de la Universidad respondan al requerimiento.
“A partir de la información que se ha obtenido de las declaraciones de personas investigadas, que habrían participado en la quema de la institución, se conoció que un grupo de jóvenes, aparentemente universitarios, se habrían organizado para llevar adelante la quema, a partir de ello, el Ministerio Público emitió el requerimiento a la Universidad el 2019, 2020 y 2021, pero siempre fue demorando y pidieron plazo”, dijo Lanchipa.
El Fiscal General, dijo que ante la dilación de la Universidad Tomás Frías, en el marco de la investigación y en estricto apego al Código de Procedimiento Penal y la normativa vigente, la Fiscalía también realizó otros requerimientos para obtener mayor información que ayude a identificar a las personas que habrían participado de los actos vandálicos y quema del TED en el 2019, por lo tanto ya no es necesaria la respuesta de la Universidad. Agregó que, el Ministerio Público hizo la solicitud únicamente a la Universidad Tomás Frías para el esclarecimiento de este caso en específico y no a otras universidades del país.
La autoridad, explicó que en un primer momento se recabaron elementos de convicción que involucraban a una exdirigente de la universidad, quien guardó detención preventiva, y a raíz de la información que brindó en su declaración se pudo establecer la posibilidad de que hubieran participado otras personas, por ello, la Comisión de Fiscales emitió requerimientos en varias oportunidades, respetando la autonomía universitaria con el único objetivo de esclarecer el hecho delictivo que causó un daño económico al Estado.
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