Nacional

Se registran 31 vulneraciones al derecho a la protesta; maestros los más afectados

En lo que va de este año, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS registró un total de 31 vulneraciones al derecho a la protesta, siendo el sector de los maestros urbanos el más afectado por la cantidad de heridos y detenidos reportados desde el inicio de sus movilizaciones por mayor cantidad de ítems y presupuesto para educación.

Se registran 31 vulneraciones al derecho a la protesta; maestros los más afectados
Un manifestante capturado por policías durante las protestas de maestros. Foto de archivo.

En lo que va de este año, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS registró un total de 31 vulneraciones al derecho a la protesta, siendo el sector de los maestros urbanos el más afectado por la cantidad de heridos y detenidos reportados desde el inicio de sus movilizaciones por mayor cantidad de ítems y presupuesto para educación.

Entre los casos suscitados en este tiempo resaltan, además de las protestas de los maestros, las agresiones de un grupo de personas a la movilización encabezada por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, en favor de los presos políticos (10/02/22); la agresión de grupos de choque del MAS a la vigilia que realizaba Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, en el penal de Miraflores (18/02/22); la provocación y agresión de grupos afines al MAS a miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, plataformas ciudadanas y activistas en los actos por el 21F en la plaza Abaroa de la ciudad de La Paz (21/02/22); o la detención policial a tres activistas feministas en la ciudad de El Alto, por pegar carteles que exigían justicia para las víctimas de feminicidio y la violencia de género (04/03/22).

De las 31 vulneraciones al derecho a la protesta, 15 son casos de heridos en manifestaciones, 11 de detenidos, hay tres casos de impedimento de una protesta y dos de criminalización o judicialización de una protesta.

Los dos casos de criminalización de una protesta responden a las imputaciones en contra del presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, y el ejecutivo del autotransporte de Tarija, Gabriel Pérez, quienes están siendo procesados por la convocatoria al paro multisectorial de noviembre de 2021 en rechazo a la posteriormente abrogada Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. Se los acusa por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y separatismo (24/01/22).

Vulneraciones al derecho a la protesta de maestros

15 heridos y ocho aprehendidos es el resultado de 10 días de movilización que protagonizaron los maestros urbanos de Bolivia, que llegaron a la ciudad de La Paz para demandar al Ministerio de Educación, entre otros puntos, la creación de 10.000 ítems para el sector y el incremento del presupuesto en educación.

La movilización de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia se desarrolló a nivel nacional, con marchas y bloqueos en diferentes departamentos del país. La protesta en La Paz –a donde llegaron representantes y miembros de diferentes federaciones– se caracterizó por marchas que recorrieron calles y avenidas del centro paceño y concentraciones alrededor del Ministerio de Educación e inmediaciones de la plaza Murillo.

El 9 de marzo, en su segundo día de protestas en La Paz, los maestros intentaron ingresar a plaza Murillo, pero se encontraron con la Policía que resguardaba las calles aledañas. A través del uso de agentes químicos, la Policía dispersó a los maestros y dejó un total de cinco heridos y cuatro aprehendidos. El sector en movilización informó que los maestros fueron heridos con balines, cita El Deber.

El 16 de marzo, en una nueva jornada de movilización, los maestros llegaron hasta inmediaciones del Ministerio de Educación, donde instalaron un bloqueo. La Policía procedió a reprimir la protesta con agentes químicos. El hecho dejó 10 heridos y cuatro aprehendidos.

En medio de las movilizaciones, el ministro de Educación, Edgar Pary, convocó al sector al diálogo y a deponer las protestas. El 18 de marzo, día en que los maestros cumplieron un paro nacional, se instaló la mesa de diálogo en la que se logró llegar a un acuerdo. Sobre los ítems, el Gobierno y los maestros convinieron la creación de 800 nuevos ítems que se suman a los 2.500 que el Ejecutivo había entregado en febrero.

En el acuerdo, además, se definió la asignación de ítems administrativos al sector, el pago no cancelado de 2.560 horas de trabajo y que ningún maestro sea sancionado por las movilizaciones que efectuaron en pasados días.

El Gobierno actuó de manera desproporcional

Para el Observatorio de Defensoras y Defensores de UNITAS, las demandas de los maestros urbanos han sido respondidas de manera inadecuada por el gobierno. La extensión del conflicto y el número de personas que han sido reprimidas, heridas y/o detenidas, pone en evidencia la omisión del Estado respecto al respeto y garantía del derecho a la protesta. De acuerdo con el relatorde la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la protesta es un instrumento esencial a través del cual las personas y los grupos pueden dar a conocer sus opiniones a quienes los gobiernan, a fin de conformar las políticas públicas y las decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto.

Para evitar incurrir en vulneraciones, las intervenciones contra protestas deben cumplir con tres parámetros: legalidad (todo procedimiento debe estar específicamente detallado en la ley), necesidad (solo intervenir si es que los bienes o derechos que se intentan proteger tienen mayor preponderancia que una protesta), y proporcionalidad (intervenciones de manera equiparada, evitando el uso excesivo de la fuerza). Al respecto, el relator especial sobre libertad de expresión de la CIDH reforzó la preponderancia de las protestas por encima de otros derechos, al ser uno de los cimientos de la democracia.

Ante las protestas de los maestros urbanos, el Gobierno actuó de manera desproporcional, atentando contra la integridad y los derechos del sector, y omitiendo los deberes estatales respecto al derecho a la protesta. Asimismo, se evidencia una dilación injustificada en la respuesta del gobierno, que no ofreció un diálogo oportuno que evite las agresiones contra los maestros, que ejercían un derecho legítimo. Es más, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, estigmatizó a los movilizados al considerar que sólo eran “un pequeño grupo” y al amenazarlos con afectar sus derechos laborales por protestar y no trabajar.

De acuerdo con las estadísticas del Observatorio, el gobierno adoptó una tendencia represiva contra las protestas. Durante el año pasado, se han registrado 429 vulneraciones al derecho a la protesta, incluyendo 26 represiones, 100 heridos y 282 detenidos. En estos casos, el diálogo no ha sido la respuesta inmediata, optando por la movilización policial y la agresión desproporcional y abusiva.

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