El alcalde de La Paz Iván Arias comunicó al Concejo Municipal su decisión de no promulgar ocho leyes impulsadas por la bancada del MAS, debido a que sus observaciones fueron rechazadas por el pleno del Concejo porque no tuvieron el respaldo de dos tercios, y las devolvió para que el presidente Jorge Dulon pueda continuar el trámite de promulgación.
De esa manera la autoridad edil respondió el 7 de marzo ante una nota del secretario general del Concejo Oscar Sogliano quien, el 24 de febrero de 2022, le recordó al alcalde Arias que “habiendo transcurrido el plazo señalado normativamente para que su autoridad promulgue las leyes municipales (…) dicha acción no ha podido ser verificada en el sistema de normativa municipal a través de la respectiva publicación” y le solicitó un pronunciamiento formal.
En su respuesta Arias afirma que dichas leyes “no fueron promulgadas por las deficiencias” anteriormente comunicadas, es decir, observaciones que, en una segunda ronda de consideración por parte del Concejo, no tuvieron el apoyo de dos tercios del pleno, quedando por tanto ratificadas en su primera versión sancionadas el año pasado.
Se trata de las leyes 473 de Reactivación Económica del Macrodistrito III Periférica; Ley 474 para el Estudio de Diseño Técnico de Creación e Implementación del Parque Industrial en el Macrodistrito III Periférica, Ley 475 de Fiscalización y Auditorías; Ley 476 de Desarrollo Económico y Preservación Paisajística y Territorial en el Macrodistrito VI-Mallasa y 478 modificatoria de la Ley 460 de ampliación del Perdonazo Tributario hasta el 30 de junio de 2022.
Arias tenía diez hábiles para promulgar a partir del 2 de febrero y su negativa llegó el 7 de marzo. La totalidad de las leyes fueron iniciativa de los concejales del MAS, quienes recibieron el apoyo eventual de algunos concejales del oficialismo y luego en sesión para considerar las observaciones se distanciaron para no garantizar los dos tercios que necesitaba el alcalde.
El alcalde ha planteado observaciones técnicas y jurídicas que no fueron aceptadas por el Concejo. La no promulgación avizora un nuevo frente de conflicto, añadido a la polémica contratación del crédito de 157 millones de bolivianos con el Banco Bisa de La Paz.
La entidad bancaria no se ha pronunciado respecto a los cuestionamientos del MAS sobre los vicios de nulidad que tiene el contrato al haber sido aprobado en forma irregular al interior del Concejo Municipal.
Tampoco la Contraloría y Procuraduría General del Estado hicieron conocer respuesta al pedido de investigar el proceso de aprobación. El concejal Pierre Chain acudió también al viceministerio de Transparencia y al Ministerio de Economía en procura de llamar la atención de los más altos niveles de Estado.
Espera que las cuatro entidades tomen iniciativas para transparentar el proceso de contratación y se evite un posible daño económico a las partes en caso de que el contrato sea declarado nulo en una demanda legal.
Dijo que acude a las entidades del Gobierno central debido que la mayoría oficialista del Concejo Municipal bloquea toda investigación, incluso la Ley de Fiscalización que la impulsó fue rechazada por el mismo alcalde Arias para no ser fiscalizado ni investigado, añadió.
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