“La justicia y la dignidad no se negocian; debido proceso se enfrenta con argumentos, no con amenazas”. De esa manera respondió el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, tras la última determinación de la Asamblea de la Cruceñidad de convocar a un paro cívico para el 4 de marzo.
“La última resolución del @ComiteProSC demuestra que dejó de luchar por los intereses de #SantaCruz para buscar un pacto de impunidad en los casos de @JeanineAnez y @CalvoRomuloSC La justicia y la dignidad no se negocian; debido proceso se enfrenta con argumentos, no con amenazas (sic)”, se lee en una publicación en Twitter.
La medida de presión definida es en contra de las “arbitrariedades e injusticias” ante los procesos judiciales que enfrentan líderes de la oposición. La resolución señala además una vigilia “permanente” en las instituciones públicas.
En otro de los puntos se cuestionó el proceso y la detención domiciliaria del líder cívico Rómulo Calvo y se señaló que “la sociedad cruceña estará vigilante y alerta ante cualquier acción en su contra” que venga desde otros órganos del Estado.
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