El relator especial de la ONU para la independencia judicial, Diego García-Sayán, concluyó su visita en Bolivia y brindó su informe preliminar en el cual planteó sus observaciones al sistema de justicia, aunque afirmó que ve una “luz al final del túnel”.
‘En Bolivia la justicia está lejos de la gente’, fue una de las frases con que comenzó su alocución, durante la conferencia de prensa en el Hotel Presidente.
El jurista de nacionalidad peruana expresó nueve conclusiones preliminares de su visita a Bolivia. La primera es la necesidad urgente de la sociedad boliviana de que la justicia responda a dramas cotidianos, tras casos como la liberación por medio corruptos de personas condenadas.
García-Sayán, en su segunda conclusión, señaló que ha encontrado con preocupación una seria brecha en el acceso de las mujeres a la justicia. Observó aspectos como el incremento de los casos de feminicidio y que sólo el 31% tienen sentencia.
En ese marco, sugirió aumentar el número de juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer.
En la tercera conclusión, el Relator que la Ley de Deslinde Jurisdiccional establecida en 2010 establece restricciones severas para el funcionamiento y competencia de la justicia indígena, por lo cual planteó revisar esa norma.
En cuarto lugar, García-Sayán se refirió a la dramática situación del hacinamiento de privados de libertad de 349 por ciento. En ese marco, instó a que solamente purguen prisión quienes han sido condenados o quienes están siendo procesados por muy graves delitos.
Sobre el caso de Jeanine Añez, el relator Diego García-Sayán se refirió a las dificultades para que llegue a un centro hospitalario y recibir atención médica. Dijo que el Estado es responsable de la integridad física y de la salud de las personas que están privadas de libertad.
En la quinta conclusión, sobre la estructura del Órgano Judicial, el funcionario de la ONU señaló que Bolivia tiene sólo como mil jueces para su dimensión. Sugirió iniciativas como restablecer la “justicia de paz” y revisar el presupuesto.
En sexto lugar, indicó que en realidad no existe una carrera judicial en Bolivia, porque la mayoría de jueces son transitorios y hay una serie de restricciones como el periodo del cargo.
En séptimo lugar, observó la labor del Ministerio Público, sobre las limitaciones en el acceso a información, incluso para familiares de víctimas.
En ese marco, pidió que se considere seriamente en Bolivia una legislación de acceso a la información pública, como una pieza esencial de un Estado democrático, para que la gente pueda obtener del Estado toda la información, salvo la de carácter secreto.
También sugirió el fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Forenses, que hoy día puede cubrir sólo el 10% de los municipios del país, con lo cual la investigación de delitos se torna prácticamente en inviable.
En la octava conclusión, García-Sayán se refirió a las graves violaciones a derechos humanos ocurridos en el país luego de la crisis del 2019. Dijo que si bien ha notado interés y empeño en darle seguimiento y promover la investigación, aún son escasos los resultados.
En el último punto, el Relator habló de las reformas al proceso de designación de las altas cortes en Bolivia.
Recordó que Bolivia elige magistrados por voto popular, pero menos cantidad de personas asiste a sufragar en las elecciones judiciales que en las generales, y además varias votan en blanco o nulo.
Señaló que se deben seguir discutiendo las alternativas para una reforma, cuyas precisiones naturalmente le corresponde soberanamente resolver a las instituciones y al pueblo de Bolivia.
El Relator resaltó que la situación en el país es de “luces y sombras”. Aclaró que no le corresponde traer enarbolar una varita mágica para las soluciones, sino simplemente alentar algunos caminos que salen de las conversaciones.
Destacó que ha encontrado dos coincidencias en Bolivia: la primera es que se debe resolver los procesos de selección y supervisión para que la corrupción no se meta dentro de la justicia; y la necesidad de buscar un gran acuerdo nacional.
Indicó que en los últimos 20 años la Relatoría ha tenido comunicaciones oficiales con los sucesivos gobiernos bolivianos acerca de determinados casos o situaciones en donde estaba de por medio de la independencia judicial.
Consideró que este tema no es de ahora, pero en esta ocasión observa un espíritu de concordancia nacional.
“Por eso es que cuando uno mira para el mediano y largo plazo, encontrar este espíritu de concordancia nacional, este espíritu en donde creo yo que no es algo ya dogmatico decir que si podemos revisar el proceso de designación y elección de las altas cortes, yo encuentro una luz al fondo del túnel”, agregó García Sayán.
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