El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, reculó y negó que haya advertido con sanciones penales de hasta 10 años por el delito de atentado a la salud pública a las personas que no cuentan con el carnet de vacunación y den positivo a una prueba de coronavirus (Covid-19).
Atribuyó la situación a una tergiversación de sus declaraciones, señaló que la vacunación es voluntaria y en ese sentido desde el 1 de enero las personas no podrán ingresar a las instituciones públicas o privadas si no portan el carnet de vacunación o si no presentan una prueba PCR negativa.
Argumentó que la sanción inmediata para el que no porte ninguno de los dos documentos será que no podrán ingresar a los bancos, supermercados, instituciones públicas y otros lugares donde haya aglomeración de personas.
“Ahí no hay ninguna persecución, ningún proceso, no hay ninguna pena privativa de 10 años como lamentablemente algunos titulares están desinformando a la población y generando preocupación, porque reitero, la vacuna es voluntaria; sin embargo, reitero una vez más se va exigir (la documentación) por un tema de proteger la salud de la población”, indicó Silva en conferencia de prensa.
Sin embargo, el mismo viceministro enfatizó el domingo que desde el 1 de enero del 2022 se harán los controles respectivos para detectar casos positivos del coronavirus y si la persona sometida a cualquiera de las pruebas ha dado positivo, directamente estará atentando contra la salud de la población.
“Yo puedo contagiar a cualquiera (si tengo coronavirus) (…); por lo tanto, pueden hacerme un proceso por atentar contra la salud de la población y de acuerdo al Código Penal ese delito está sancionado hasta con 10 años de cárcel. Entonces, no es chiste, no es una cosa que salió y bueno el que quiere cumple y el que no quiere no”, expresó el domingo Silva en Bolivia TV.
“Entonces, si yo no cuento con mi carnet de vacuna y no tengo la prueba de PCR negativa estoy poniendo en riesgo la salud de la población; por lo tanto, pueden identificarme, detectarme, iniciarme un proceso, una acción penal y puede estar en riesgo mi situación legal con una sanción privativa de 10 años de cárcel como establece el Código Penal”, añadió.
El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, dijo que desconoce bajo qué argumento el viceministro Silva ha emitido un criterio sobre sancionar con 10 años de cárcel a las personas después del 1 de enero.
“Que tenga una sanción de 10 años no sé de qué manera estará planteando el viceministro. Tendría que probar si yo aquí he infectado a todos los periodistas en este momento, pero es largo (de determinar esa situación), no creo que vayamos llegar a eso también”, expresó Ajpi.
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