El día cuando Edgar –nombre cambiado para mantener su anonimato- ingresó a Bolivia una madrugada de agosto, junto a su esposa y dos hijos, sintió un leve alivio en el pecho. Buscaba la seguridad que su país no le podía brindar.

Compañeros de armas le seguían los pasos en su natal Venezuela, luego de que no regresó a su unidad tras salir de permiso por una semana. Desertó de la Guardia Nacional Bolivariana y fue acusado por traición a la patria. 

Edgar estaba fatigado de las largas jornadas de servicio, que se hacían meses sin ver a su familia, de la corrupción y de las “órdenes abusivas” de sus superiores que implicaban el uso de métodos al margen de la ley para “arrancar confesiones” a sospechosos de un crimen.

Tras estar dos meses clandestino en un área rural, un viernes por la noche abandonó el país junto a su familia, con lo que tenían puesto para no levantar sospechas: cruzó por la región del Arauca, rumbo a Colombia. Su nombre y su foto ya no figuraban en la base de datos de su unidad. Era un civil más. Compañeros de promoción le alertaron que la orden no era solo detenerlo. “Mejor sal del país”, le dijeron.

En Bogotá vendió golosinas para cubrir la alimentación diaria, aunque no faltaron personas caritativas que les proveyeron de abrigo y dinero para el alojamiento. Cruzaron Ecuador en bus en un día gracias a la ayuda de una fundación. Recorrieron la costa peruana hasta Arequipa, en partes a pie y otros en carro. El tramo más dramático fue por los andes hasta llegar a Desaguadero, en la frontera de Perú con Bolivia, que se ha convertido en la mayor ruta de acceso a territorio boliviano.

El frío crudo de invierno y la altura cercana a los 4.000 metros impactó en la salud y el estado emocional de la familia, sobre todo en los niños que se vieron fuertemente afectados, ese sábado a las cuatro de la madrugada cuando cruzaron la frontera hacia Bolivia. Por esa situación, la familia, con destino inicial a Paraguay, optó por quedarse en el país mediterráneo.

Edgar presentó su solicitud de refugio a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) en Bolivia con los descargos para demostrar que su vida y la de su familia corren peligro en su lugar de origen. Por ahora dispone de una visa transitoria hasta que se resuelva su situación. 

Es optimista de que pueda recibir una noticia afirmativa, pero no le favorecen las estadísticas ni la orientación de la política migratoria del gobierno del presidente Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS). Durante la gestión, que inició en noviembre de 2020, no se ha concedido ni una solicitud de refugio para alguien de nacionalidad venezolana. La postura negativa coincide con la que existió durante los 13 años de gobierno de Evo Morales, líder del mismo partido. En sus tres mandatos, tampoco se aprobó petición alguna de solicitante que haya procedido de Venezuela. 

Solo el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que tuvo lugar entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, implicó una excepción. En ese período fueron aprobadas 253 peticiones de refugio, de las cuales 242 fueron para miembros de la comunidad venezolana. La gobernante consideró que ese país atravesaba una crisis humanitaria que justificaba otorgar protección internacional a los solicitantes, tal como lo había recomendado en 2019 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). 

La postura de la actual gestión se hizo explícita, como no había ocurrido en el caso de las de Morales, en una entrevista concedida por Claudia Barrionuevo, presidenta de la Conare, para este trabajo. “Como Gobierno, no aplicamos la Declaración de Cartagena en el caso venezolano, es una política de Estado”, dijo la funcionaria, quien además afirmó que no reconoce una crisis humanitaria en Venezuela y que quienes han abandonado esa nación son esencialmente “migrantes económicos”.

La Declaración de Cartagena, firmada en la ciudad colombiana en 1986, señala que deben ser considerados refugiados quienes huyen de su país porque su vida, seguridad o libertad están bajo amenaza por “la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. A pesar de que no es vinculante, la mayoría de los países en América Latina, incluido Bolivia, la incorporaron en sus normativas internas sobre el refugio. 

La declaración amplió los matices del concepto establecidos en instrumentos precedentes como la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, que aluden principalmente a las personas que corren peligro en su lugar de origen por “motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos social u opiniones políticas”, coordenadas que tampoco han llevado a aprobar petición alguna en los gobiernos del MAS. “Siempre cabe la posibilidad de que algún ciudadano venezolano solicite y califique como refugiado”, expresa Barrionuevo para matizar sus palabras.

ACNUR ha insistido en que los supuestos de la Declaración de Cartagena se cumplen con nitidez en el caso venezolano. La institución multilateral ya catalogó la de Venezuela como la “mayor crisis humanitaria de la región”. La inflación más alta del mundo, un sistema de salud pública colapsado, crímenes de organismos oficiales bajo la lupa de la Corte Penal Internacional se han combinado, entre otras variables, para expulsar a más de 6 millones de personas. 

Para Nicolás Maduro y sus partidarios la situación ha sido incubada por las sanciones de Estados Unidos, a las que denuncia como un bloqueo. Una perspectiva semejante es la que maneja Barrionuevo desde la Conare que afirmó en la entrevista que la migración venezolana ha sido resultado “de un bloqueo terrible que está viviendo ese país desde hace varios años”. “Cualquier elemento que signifique bloqueo a un Estado para que su sociedad entre en crisis no es algo que vamos a compartir”, afirmó. “Nosotros no podemos atacar a un Estado y promocionar eso”, añadió en referencia al término crisis humanitaria.

Las afinidades entre los gobiernos de Caracas y La Paz tienen antecedentes en el acuerdo estratégico que crearon el fallecido Hugo Chávez y Evo Morales y que sus sucesores mantuvieron, en el presente Maduro y Arce, a través de la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).  Las relaciones supusieron, entre otras cosas, financiamiento de programas sociales en Bolivia en los días del auge petrolero que favoreció a Chávez y se proyectan al presente con el control del gobierno de Maduro de millonarios activos bancarios y agroindustriales.

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