La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) denunció ante el Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la violación a los derechos humanos de los líderes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

Denunciaron los hechos sucedidos este jueves y viernes, como el allanamiento a la sede de Comcipo. “Sicarios policiales y judiciales del régimen han violentado domicilios de particulares, como lo es la sede del Comité Cívico Potosina (COMCIPO)”, con el único objetivo de perseguir, intimidar, causar zozobra en la población, allanar ilegal y violentamente cada una de las oficinas.

Precisan que su denuncia internacional está acompañada de las pruebas de la violación a los derechos humanos, de consolidación de una dictadura, por haber trasladado a más de 1.500 funcionarios policiales de distintos departamentos para ejecutar la persecución judicial que pretende llevar adelante la Policía por órdenes del Ministro de Gobierno.

“Quienes junto con el Ministerio Público y el Órgano de Justicia operan como brazos opresores de los Derechos Humanos. Con una justicia secuestrada y respondiendo a las presiones y exigencias del Gobierno dictatorial se ha librado ilegales mandamientos de allanamiento y de aprehensión”.

Citan específicamente el caso de la aprehensión del expresidente cívico potosino, Marco Antonio Pumari, asimismo, se refieren a los mandamientos de aprehensión del presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel y del dirigente Ramiro Subia

“Toda esta violenta movilización policial represiva en contra de la dirigencia y ciudadanía potosina, que claramente configura actividad procesal defectuosa, son el castigo político por tan solo haber exigido la abrogación de la inconstitucional Ley 1386 que finalmente la Asamblea Legislativa llegó a abrogar, reconociendo su garrafal error, mal cálculo político e ignorancia jurídica” se lee en el documento.

Advierten que estos hechos pueden constituirse en un “nuevo montaje procesal” como el que se ha vivido entre 2008 y 2009, con el único propósito de asumir acciones de persecución, secuestro y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos bolivianos.

Informan que una prueba de la violencia es que la policía por confusión detuvo a Javier Subia, hermano de Ramiro quien es dirigente cívico y que actualmente está declarado en la clandestinidad. Precisan que fue incomunicado y trasladado de un lugar a otro por la fuerza. “Evidenciándose secuelas de la brutal golpiza en el rostro, en el cuerpo del Sr. Subia, gracias a los registros videográficos elaborados por el Sr. Ervin Valda, periodista independiente.

Observan que estos hechos estén sucediendo en el país, precisamente después de que la Comisión Contra la Tortura del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas denunciara que en Bolivia se cometen torturas, aprisionamientos políticos, sistemáticas vejaciones. Contrariamente a todas sus recomendaciones, la fatídica noche de ayer 09 de diciembre y hoy 10 de diciembre de 2021, se persigue, se tortura, se secuestra.

En este escenario, instan a la Comunidad Internacional que se pronuncie y trasmita indignación. Aunque advierten que no es suficiente los pronunciamientos, por lo que piden que se remita este documento al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

“Para que este ente deliberativo y pacificador del orden mundial asuma las acciones legales pertinentes, para no dejar en desprotección al pueblo boliviano”, afirman.

Sostienen que en el país existe una “decadente narcodictadura comunista que al igual que Cuba, Nicaragua y Venezuela, también se han formado en el país “milicias armadas” en los nueve departamentos.

En consecuencia, aseguran que el pueblo boliviano “corre peligro”, y “las pruebas se acompañan –en tiempo y forma- en más de 200 folios donde se acredita materialmente cada uno de los elementos que demuestran los ataques de las “narcomilicias” en Bolivia, los que se registraron en los hechos de Adepcoca, Las Londras, Montero, Vila Vila, Betanzos, Yapacaní y ahora Potosí.

El documento fue firmado por la presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal; el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; por os abogados Jorge Valda y Carlos Camacho en representación de: Juan Carlos Manuel, presidente de Comcipo; Marco Antonio Pumari, past presidente de Comcipo; ambos presos políticos; Ramiro Subia, perseguido político y Javier Subia víctima de tortura.

En el Día Internacional de Derechos Humanos se realizó un acto en la APDH, donde participaron varios líderes sociales y autoridades como el alcalde de La Paz, Iván Arias; el rector de la UMSA, entre otros.

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