El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) instó al Gobierno boliviano a garantizar el esclarecimiento de las muertes de personas ocurridas durante la privación de libertad.

Las demandas del Comité son parte de las Observaciones finales sobre el tercer informe periódico presentado por el Estado boliviano el 25 y 26 de noviembre en Ginebra, Suiza.

“El Comité urge al Estado parte asegurar que todos los casos de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial por un órgano independiente, teniendo debidamente en cuenta el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas”, señala el informe.

Desde 2016 hasta 2020, las muertes de privados de libertad en las cárceles son a razón de 50 por año, de acuerdo a datos oficiales de la Dirección de Régimen Penitenciario, por motivos como enfermedades, pelea entre internos, abuso policial, entre otros.

Este año se registraron también muertes en celdas policiales sin que hasta el momento se conozcan las razones ni a los responsables. 

El Comité insta además al Gobierno a revisar la eficacia de los programas de prevención, detección y tratamiento de enfermedades infecciosas en las cárceles, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio.

A su vez, el Comité lamenta no haber recibido por parte del Gobierno datos estadísticos completos y desglosados por lugar de detención, sexo, edad, origen étnico y causa del deceso relativos al período 2014-2020, ni información detallada sobre los resultados de las investigaciones de esas muertes y las medidas concretas adoptadas para evitar que se produzcan casos similares.

El Comité también observa con preocupación que el Estado parte no haya proporcionado información suficiente sobre los protocolos que deben seguir las autoridades de policía y otros agentes del orden al realizar entrevistas e interrogatorios, de qué forma se instruye a esos agentes y con qué frecuencia se revisan esos protocolos.

Recomienda al Estado parte garantizar que las fuerzas del orden, jueces y fiscales reciban formación obligatoria sobre las técnicas de interrogatorio no coercitivas, la prohibición de la tortura y los malos tratos y la obligación de los órganos judiciales de invalidar las confesiones y otra evidencia obtenidas bajo tortura.

Según el informe alternativo de la sociedad civil de Bolivia que hizo llegar a la Sesión 72 del CAT, la tortura es recurrente en el país y sigue siendo utilizado como método de investigación por la Policía y se realiza en presencia de los fiscales.

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