El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) dio a conocer sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico presentado por el Estado de Bolivia en Ginebra, Suiza, y demandó, entre otros puntos, una reforma urgente al sistema judicial al evidenciar falta de independencia y autonomía.
El CAT indica en su informe que esta falta de autonomía del Órgano Judicial y el Ministerio Público tiene consecuencias en “procesos penales en contra de opositores políticos” mediante los tipos penales de sedición y terrorismo. Sugiere la elección de autoridades judiciales en base a méritos para evitar esta situación.
“Llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, en particular, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito”, se lee en uno de los puntos conclusivos referidos al sistema de justicia.
El CAT reitera su preocupación por los procesos que se siguen en el país con los delitos penales de sedición y terrorismo, tipificados “en base a conceptos extremadamente vagos”.
En Bolivia hay al menos una decena de personas con detención preventiva por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo por el caso de supuesto golpe de Estado I.
Eusebio Vera, abogado de los exjefes militares general Jorge Terceros y almirante Gonzalo Jarjuri, dijo a ANF que el proceso por sedición y terrorismo en contra de sus defendidos sigue, y que hasta la fecha el Ministerio Público no presenta acusación por falta de pruebas.
La expresidenta del Gobierno Transitorio, Jeanine Áñez, también fue detenida tras ser acusada con estos tipos penales. El gobierno mediante el Ministerio Público le fue sumando más procesos en su contra.
El Comité pide al Gobierno boliviano “efectuar una revisión de su legislación antiterrorista, en particular, una reforma de los tipos penales de sedición y terrorismo, a fin de garantizar que sean acordes al principio de legalidad y a los estándares internacionales de derechos humanos”.
“Se debe garantizar también los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia”, señala.
Son varias las organizaciones internacionales como la ONU y Human Rights Watch (HRW) que observan el uso de la justicia en Bolivia como instrumento de persecución a opositores políticos.
En agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó las graves violaciones de derechos humanos cometidos entre septiembre y diciembre de 2019, advirtió una falta de independencia de la administración de justicia en Bolivia no solo en ese período, sino como un problema estructural recurrente que se mantiene por años.
El Gobierno boliviano presentó un plan de seis ejes para reformar la justicia en el país, entre los cuales se contempla una redistribución de jueces, acceso en igualdad de condiciones, independencia, transformación digital del modelo de gestión, modificación de varias normas y profundizar la ética y transparencia en la administración pública. La propuesta no goza de la confianza de organizaciones ni expertos en el tema.
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