La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante situaciones de violencia que se registraron durante las últimas movilizaciones en rechazo a la Ley 1386 en el territorio nacional y exhortó al Estado y a la sociedad boliviana a atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI)-Bolivia, en el sentido de promover diálogos para la generación de consensos.

Desde el 8 de noviembre de 2021, la CIDH informó que recibió reportes sobre el desarrollo de manifestaciones motivadas, principalmente, por inconformidades de algunos sectores sociales con la ley "Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo" (Ley No. 1386), ley que fue abrogada posteriormente, mediante la Ley 1409, que se publicó en la Gaceta Oficial el 17 de noviembre del año en curso.

La CIDH lamentó la muerte de una persona en Potosí durante una manifestación, hecho que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Departamental; además de las denuncias de presuntos excesos de las fuerzas policiales.

Otra de las observaciones del organismo son las agresiones y obstáculos para el ejercicio de la labor periodística, enfrentamientos entre personas ciudadanas, amenazas a personas con liderazgos sociales o funciones públicas y actos de hostigamiento afectando a la Casa de la Mujer, en Santa Cruz, entre otros.

“La CIDH reprueba todo acto de violencia en el transcurso de las manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación racial. Al mismo tiempo, llama al Estado a investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables intelectuales y materiales de los delitos cometidos en este contexto, observando las reglas del debido proceso. La Comisión lamenta la muerte reportada en Potosí y urge al Estado a esclarecer sus circunstancias con la debida diligencia. Por otro lado, reitera que la protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que las y los periodistas puedan cubrir hechos de interés público como las referidas a manifestaciones sociales de forma libre y segura”, afirmó la CIDH a través de una nota de prensa.

Asimismo, la CIDH remarcó la importancia de la construcción de un ambiente que fomente un proceso de diálogo, reconciliación y la desactivación de las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana, y se une al reciente llamado al diálogo de la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En esa misma línea, destacó la importancia de construir un espacio de diálogo democrático e inclusivo que combine mecanismos de la democracia representativa con la participación directa en una deliberación pública pacífica.

“El GIEI indicó, además, que el liderazgo y la militancia en el ámbito político y todas las personas que asumen cargos políticos deben adoptar discursos y posturas de respeto y aceptación de la diversidad de opiniones”, recordó el organismo, a tiempo de señalar  las lideresas y los líderes políticos y las personas que ejercen funciones públicas están llamadas a mantener un discurso favorable a la deliberación pública y la libertad de expresión, tal como destaca la Declaración conjunta de relatores de libertad de expresión de 2021.

“La Comisión urge al Estado y la sociedad boliviana a promover diálogos que apunten a generar espacios de consenso que permitan trabajar un sentido de destino común en la diversidad y profundizar el proceso de análisis y comprensión mutua; y hace propia la conclusión del GIEI de que la sociedad boliviana necesita, a través de sus instituciones y de su capital social, construir un destino común basado en el fortalecimiento democrático e institucional, en la justicia y el respeto por los derechos humanos, y en la reconstrucción de relaciones de respeto mutuo, de valorización de las diversidades, de confianza y de convivencia pacífica entre todas las personas”, exhortó.

Por otro lado, afirmó que el GIEI advirtió la necesidad de que el Estado actúe para prevenir la organización de grupos que se autoproclaman como fuerzas de seguridad, tomando en cuenta su ilegalidad y alto nivel de riesgo para la sociedad en contextos de crisis.

También reiteró su disposición de coadyuvar en los esfuerzos para la atención de las causas estructurales de las tensiones sociales, mediante sus distintas herramientas, inclusive la instalación de un mecanismo específico para el seguimiento de las recomendaciones del GIEI y la realización de una visita in loco al país.

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