Luego de una extensa audiencia, el Juez Primero Anticorrupción determinó este viernes que la jueza Melina Lima cumpla detención domiciliaria y fianza de 30 mil bolivianos, entre otras medidas cautelares, mientras se desarrolla el proceso en su contra por prevaricato.
La jueza Lima fue denunciada por el Viceministerio de Transparencia debido a que determinó extinguir un proceso penal contra Samuel Doria Medina y sus familiares por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Fue imputada por la Fiscalía bajo el argumento de que decidió cerrar ese caso de manera ilegal.
La Fiscalía pidió la detención preventiva de Lima en la cárcel de Obrajes mientras se realice la investigación, pero el juez consideró que la imputada demostró que tiene domicilio y familia, pero además correría riesgo de ser encarcelada por su condición de mujer y de jueza que pudo haber ordenado la reclusión de otras personas.
Con esos elementos, el juez determinó detención domiciliaria las 24 horas del día para Lima, además su arraigo para que no pueda salir del país, fianza personal económica de 30.000 bolivianos, prohibición de comunicarse con personas involucradas en el caso y la presentación cada lunes ante el Ministerio Público.
La jueza Lima fue aprehendida el miércoles, tras prestar su declaración. Este caso generó el pronunciamiento de asociaciones de jueces que consideraron arbitraria la aprehensión y solicitaron que se deje en libertad a Lima, reivindicando la independencia judicial.
El caso que había cerrado Lima se refiere a la presunta evasión de tributos que habrían cometido los Doria Medina en la venta de acciones de Soboce, a través de la empresa Akapana establecida en Panamá.
La jueza Lima habría decidido cerrar dos procesos contra Doria Medina de similares características, sin embargo, un tribunal superior determinó revocar esas resoluciones y reabrir las investigaciones, informó el fiscal departamental William Alave.
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