La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) expresaron este martes su repudio por el actuar de la Policía en contra de trabajadores de la prensa mientras realizaban la cobertura al conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).
Mediante un comunicado, los gremios periodísticos hicieron mención al arresto del periodista Carlos Quisbert, de periódico Página Siete, y la gasificación que sufrieron el camarógrafo Santiago Limachi y su hijo Sergio, perteneciente a una agencia internacional de noticias.
De acuerdo con el periodista del diario paceño, no solo fue amedrentado por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) sino que además fue arrollado por la motocicleta de uno de estos oficiales. “Al reclamar por esa acción, fue reducido con violencia, gasificado, enmanillado, liberado y detenido por segunda vez para ser conducido a dependencias policiales”, aseguraron la ANP y la APLP.
Mediante videos, señalaron que en medio de la gasificación que afectó al camarógrafo Santiago Limachi, fue alcanzando en la pierna por uno de los proyectiles de gas que fueron lanzados por los policías.
“Los gremios periodísticos de mayor vida institucional en el país rechazan estos despreciables abusos contra los colegas Carlos Quisberth, Santiago Limachi y su hijo Sergio y recuerdan al Gobierno que los derechos a la libertad de expresión, a comunicar y a informar están garantizados tanto a los periodistas como a los medios por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por los artículos 21, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, por la Ley de Imprenta y por el Código Nacional de Ética Periodística”, señala el documento.
Hicieron recuerdo además que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en el Principio 9, señala específicamente que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión…”.
La ANP y la APLP señalaron que al cometerse los abusos contra los trabajadores de la prensa, el Gobierno, mediante la Policía, “no solamente ha vulnerado sus derechos humanos e individuales a la libertad de expresión, sino también los de todas las personas que debían haber recibido esas noticias sobre el conflicto en Adepcoca”.
Por lo hechos ocurridos, consideraron que el gobierno del presidente Luis Arce lamentablemente revela “una deriva autoritaria y más cuando cercena el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa configura un cuadro de claros indicadores de una seria lesión a los valores democráticos en el país”.
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