El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca alertó este sábado que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas,  aprodada este viernes por la Cámara de Diputados y enviada al Senado para su revisión, pone en riesgo el “secreto de fuente” o “secreto profesional” protegido por la Ley de Imprenta para las actividades vinculadas al periodismo.

Dijo que este es otro escenario de los niveles de arbitrariedad que tiene el proyecto de ley, si bien no lo cita de manera explícita, pero de manera subrepticia lo incorpora en los alcances del artículo 11 de la “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”.

El citado artículo titulado “Exención o Secreto de Confidencialidad”, dispone que: “No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la IUF requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la IUF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo”.

De aplicarse esta ley, cuando un medio de comunicación informe sobre el nivel de poder económico que tiene una persona o una empresa, podrá ser requerido por la IUF para que entregue no solamente la fuente de información sino también todos los documentos que respaldan la información y no podrá oponer excepción legal de competencia al amparo de la Ley de Imprenta.

Actualmente un periodista tiene el derecho a no revelar toda la información acogiéndose al artículo 8 de la Ley de Imprenta de 1925 que dice: “el secreto en materia de imprenta es inviolable” y a continuación el artículo 9 advierte que “el editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento del juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal”.

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de la Prensa de Bolivia, Jorge Abrego, considera que el artículo 11 de dicho proyecto de ley, va contra la Constitución Política del Estado, la Ley del Imprenta y también el Código Nacional de Ética Periodista.

Indicó que el artículo 107 parágrafo II de la Constitución, garantiza que la información difundida a través de los medios de comunicación esté elaborada de acuerdo a normas propias, de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.

Abrego menciona además que el artículo 5 del Código Nacional de Ética Periodística dispone que “se debe proteger la identidad de las fuentes confidenciales de información”. Sin embargo, el proyecto de ley anula cualquier posibilidad de invocar confidencialidad a simple requerimiento administrativo de la IUF.

El diputado Roca afirmó que el empoderamiento de la IUF es una mezcla Hitleriana, KGB (agencia de inteligencia de la policía secreta rusa) y el FBI de los Estados Unidos, porque se puede pasar por encima de las garantías constitucionales y de la Ley de Imprenta que protege la actividad de los periodistas en Bolivia.

En todos los gobiernos democráticos se ha intentado romper el “secreto de fuente” de varias formas y con diferentes argumentos, aspecto que ha generado una movilización nacional de las organizaciones de prensa que lograron frenar numerosos intentos que quedaron el tintero del ex Parlamento Nacional, hoy Asamblea Legislativa Plurinacional.

El proyecto de ley subió en revisión a la Cámara de Senadores que debe seguir el trámite legislativo de enviar a una comisión, esperar su informe y ponerla a consideración del pleno, algo que podría ocurrir la próxima semana considerando que el Ejecutivo tiene urgencia de estandarizar las competencias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) con base a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

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