Un total de 23 exjefes de Estado y de Gobierno instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la adopción de medidas cautelares para la expresidenta del gobierno de transición, Jeanine Áñez, después que este fin de semana intentó dañar su integridad física.

Este lunes, exmandatarios de Estado y de Gobierno que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), emitieron un pronunciamiento en relación a la situación de salud de la exmandataria detenida y acusada por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

“Los exjefes de Estado y de Gobierno que suscriben la presente, instan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, a la adopción de medidas cautelares y a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a ejercer sus competencias de manera rápida y efectiva, para que se cuide de los derechos a la libertad, la vida y la integridad personal de la exgobernante boliviana”, se lee en el documento.

Señalan que si se no corrige la falta de trato humanitario que se expresa en su caso, “sitúa al Estado boliviano y su gobierno en la condición de responsable internacionalmente por la vida y la integridad personal” de la exmandataria, por encontrarse privada de libertad y sujeta a su autoridad.

Asimismo, manifiestan que más allá de cuáles son las razones de su detención, la exautoridad ejerció un gobierno de transición aceptado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea,

Expresaron su “grave preocupación” por las declaraciones del ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, quien dijo que la expresidenta “intentó generarse una autolesión en horas de la madrugada…, pero tiene unos pequeños rasguños en uno de sus brazos”.

Manifestaron que de acuerdo a la doctrina pacífica del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan apreciarse como incompatibles con el respeto a los derechos humanos fundamentales del individuo”.

Citan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que, en relación a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, esto porque las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que están bajo su custodia. En ese contexto, el Estado puede regular sus derechos y sus obligaciones y por las circunstancias del encierro donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para una vida digna.

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