El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) establece que durante los conflictos sociales del 2019, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA) asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos.

El GIE que investigó las graves violaciones de derechos humanos cometidos entre septiembre y diciembre de 2019, sostiene que durante los días de conflictos, el verde olivo no fue capaz de resguardar el ejercicio pleno del derecho a la protesta “ni cumplió con su deber de evitar actos de violencia para garantizar la seguridad de las personas y el orden público”.

Observa que las fuerzas de seguridad fueron movilizadas con deficiencia de recursos humanos y de manejo de técnicas preventivas, por lo que sus efectivos fueron superados. Remarca que la Policía dejó de actuar para prevenir hechos de violencia y por momentos hizo uso de la fuerza excesiva.

Por tanto, señala que debido a la actuación insuficiente o indebida se permitió que los hechos de violencia incrementen en cantidad e intensidad, lo que causó en la población una sensación de inseguridad e incapacidad de la Policía para intervenir y hacer cesar las protestas.

“Esa actuación traducida en la incapacidad de la Policía de controlar adecuadamente la situación de desorden público y de brindar seguridad, estimuló la constitución de grupos de choque y la exacerbación de bloqueos, ataques y enfrentamientos entre civiles. Asimismo, se incentivó el uso de más violencia por las propias fuerzas del Estado, lo que culminó en la determinación de acciones conjuntas entre Fuerzas Armadas y Policía, que fue, a la vez, el origen de otras violaciones de los derechos humanos”, se lee en una parte del informe.

También refiere que la Policía es identificada como una fuerza que sirve al gobierno de turno y no como una institución del Estado al servicio de los ciudadanos.

El GIE rememora que el motín policial que se inició el 8 de noviembre en Cochabamba, y que luego se extendió a todos los departamentos del país, fue un factor relevante de la espiral de violencia y que dejó desprotegida a la sociedad durante los graves sucesos de la crisis,

“El amotinamiento llevó a que se identificara a la institución policial como un factor que contribuyó a la inestabilidad de la democracia”, sostiene el GIEI.

“La institución policial fue instrumentalizada durante las disputas políticas”, indica el documento. Asimismo, agrega que la grave situación de los enfrentamientos e inestabilidad demandaba que el verde olivo actuará con imparcialidad, pero la “identificación del movimiento policial con planteamiento de los grupos políticos que antagonizaban en las calles perjudicó su capacidad de actuar resolutivamente para evitar la violencia”.

Sobre el papel de las Fuerzas Armadas durante el conflicto, el GIEI evalúa que la represión a grupos que se manifestaban fue “desproporcionada” porque la institución debe reservarse a las situaciones de extrema gravedad y descontrol intenso del orden con conflictos armados y señala que las situaciones de protesta social no pueden considerarse de “alto peligro” ni un conflicto armado.

Asegura que pese a que la Policía fue rebasada, la intervención militar a las protestas no se justifica. “El Estado debe limitar el empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad interna (…) Las Fuerzas Armadas tienen el deber de respetar y colaborar con las investigaciones del sistema”, añade.

“Son dos instituciones que deben estar subordinadas al poder civil y sometidas a controles internos y externos, con reglas de transparencia y rendición de cuentas”, recomendó Patricia Tappatá.

El GIEI también apunta a las Fuerzas Armadas y la Policía como responsables por graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realizado en Sacaba el 15 de noviembre de 2019.

Finalmente, el GIEI recomienda al Estado a “adecuar los objetivos, funciones, atribuciones, organización, recursos, entrenamiento y estrategias de las fuerzas de seguridad a los estándares democráticos, eliminando legados autoritarios y cambiando tendencias autocráticas o autárquicas que aún permanecen en esas instituciones”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo afirmó que se hará una investigación contra aquellos efectivos policiales que coadyuvaron en las masacres.

“Vamos a investigar a aquellos efectivos policiales que coadyuvaron en quitar la vida a compatriotas bolivianos. El informe ha sido claro, taxativo y se ha perseguido a quienes pensaban distinto por temas raciales e ideológicos”, dijo.

La autoridad señaló que no puede existir “impunidad”  por las masacres de Senkata y Sacaba.

“Si nosotros permitimos que exista impunidad dentro del territorio nacional lo único que vamos a fomentar que en el futuro vuelvan  suceder esto, no queremos más impunidad, queremos justicia para aquellas personas que perdieron la vida”, agregó.

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