La especialista del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Patricia Tappatá, sugirió este jueves al Gobierno, como parte de las recomendaciones del informe final sobre la crisis política de 2019 que vivió el país, que reconozca a todas las víctimas afectadas por la violencia sin hacer ningún tipo de distinciones por filiación política.
“Entre las recomendaciones dirigidas al Estado, decimos que el Estado debe garantizar el derecho de todas las víctimas y sus familiares a la verdad, a la justicia y a la reparación, sin hacer distinciones indebidas entre ellas, bajo el principio de universalidad”, dijo la especialista en el acto de presentación del informe.
El gobierno viene indemnizando a sus afines caídos en Senkata y Sacaba, entre otros, e iniciando procesos penales a jefes militares que ordenaron la represión que causó más de 37 fallecidos. E incluso aprobó un decreto de indulto y amnistía N° 4461 para liberar de culpa a quienes considera que realizaron actos de violencia y enfrentamientos en defensa de la democracia.
Sin embargo, no toma en cuenta a los afectados por los saqueos, quemas de casas y fallecidos por simpatizantes del MAS.
“No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar antes la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las que se identifican con el adversario lo son menos o no requieren atención”, señaló Tappatá
Dijo que es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político, y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctima.
“Esto involucra, por un lado, medidas de reconocimiento público de la dignidad de las víctimas y de la responsabilidad estatal en la vulneración de derechos, así también como el acompañamiento en medidas de conmemoración y de preservación de la memoria que las víctimas adopten sin imponer versiones únicas sobre los hechos”, apuntó.
El GIEI observó en su informe que, desde un punto de vista material, una amnistía o indulto puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia, consideración que, la aplicación del Decreto Supremo “puede reforzar la percepción de injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”.
Arce en su discurso, según las recomendaciones planteadas por el GIEI, anunció la derogación del Decreto Supremo 4461 para establecer una comisión que avanzara en el censo de las víctimas y su reparación integral.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que lo ocurrido durante la crisis política de 2019, “involucra la responsabilidad del Estado” en las graves violaciones de derechos humanos cometidos entre septiembre y diciembre de 2019, periodo en el que Evo Morales y Jeanine Áñez estaban al mando del país. Los hechos que dejaron al menos 37 muertos.
Estableció que se cometió masacre en Sacaba en el departamento de Cochabamba y Senkata en la ciudad de El Alto. El informe "no contempla si hubo golpe o fraude electoral".
Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron un Acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre, se suscribió el 12 de diciembre de 2019.
El GIEI Bolivia fue integrado por cinco personas expertas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá.
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