Las organizaciones políticas opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) sostienen que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirma que las “causas determinantes” de la crisis de violencia del 2019 es la desinstitucionalización del Estado y la polarización provocada por el gobierno de Evo Morales para quedarse indefinidamente en el poder.
Las dos organizaciones políticas y el Conade se pronunciaron de manera conjunta a través de un comunicado en el que señalan que el Grupo de expertos evidenciaron que entre septiembre y diciembre de 2019 se produjeron “graves violaciones a los derechos humanos en varias regiones del país, con el saldo de muertos, heridos, agresiones; además de destrucción de bienes públicos y privados; acciones para generar terror y amenazas contra la vida y seguridad de la ciudadanía.
“EI informe confirma la certeza de que las causas determinantes de la crisis de violencia del 2019 es la desinstitucionalizacion del Estado y la aguda polarización provocada por acciones de Evo Morales y sus colaboradores para quedarse indefinidamente en el poder, vulnerando la CPE, el Referendo del 21-F, la institucionalidad democrática”, se lee en el documento.
Señalan que los casos podrían quedar en la impunidad y “ser politizadas a través de una fiscalía y justicia selectivas”, si es que no se deja sin efecto el la amnistía e indulto discriminatoria del presidente Luis Arce y el arbitrio sobreseimiento del caso fraude electoral anunciado por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Plantean que, a decir del informe, para llevar adelante procesos de investigación y sanción a los responsables de las violaciones de derechos humanos es necesario el cambio de operadores fiscales y judiciales, porque los actuales no gozan de las condiciones mínimas de “independencia, transparencia e idoneidad”.
Este martes, el GIEI entregó al gobierno de Arce el informe sobre la crisis política entre septiembre y diciembre de 2019. En el que establece que existió violencia, violaciones a los derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, definió como masacre los hechos en Sacaba y Senkata.
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