Según la documentación presentada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) dentro la denuncia realizada por el actual gobierno argentino contra el expresidente Mauricio Macri y parte de su gabinete, se observa que durante el gobierno de Alberto Fernández se extendió dos veces la autorización temporaria de las 70 mil municiones enviadas a Bolivia por la anterior gestión.
Las renovaciones de las autorizaciones se realizaron en enero y mayo de 2020, bajo el mismo argumento inicial que dio el macrismo: proteger la Embajada argentina en el país vecino. Por entonces, en Bolivia todavía gobernaba Jeanine Áñez, de acuerdo a una publicación del matutino La Nación en su edición digital del pasado 27 de julio.
El informe de la ANMAC, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, denunciante en el caso, tiene 42 páginas con documentación sobre el tema. Allí, con fecha 23 de enero y 4 de mayo de 2020 consta la prórroga de las autorizaciones de la salida temporaria del material enviado por el macrismo y con el detalle expreso de las 70 mil municiones calibre 12/70, que son eje central de la acusación.
En ambos casos la autorización fue por 90 días corridos y bajo el argumento de “brindar seguridad y protección al embajador y el personal de la Embajada argentina en Bolivia”.
El caso por el presunto envío de material bélico a Bolivia comenzó el 8 de julio, tras la difusión de la acusación del caso por parte del canciller boliviano, Rogelio Mayta. Cuatro días después de eso, el gobierno argentino denunció que Macri, los exministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad, montaron un plan para “poner material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país”.
Todos ellos desmintieron la acusación, que alcanza también a la entonces cúpula de Gendarmería Nacional, y sostienen que se trata de una operación. Al tiempo que resaltaron la buena relación con varios funcionarios de Morales, a quienes les dieron asilo y protección cuando cayó el gobierno de Evo Morales, en noviembre de 2019.
El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, emitió ayer un nuevo dictamen en el que consideró que los nuevos elementos aportados por los denunciantes -en la ampliación de la denuncia presentada la última semana- “permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada”.
Navas Rial apuntó también al rol que pudo haber tenido en el caso el entonces Comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, Adolfo Caliba, quien quedó formalmente imputado en el caso.
Hasta ahora los gendarmes señalados eran el exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero; al exdirector de Logística de esa fuerza Rubén Carlos Yavorski, y al de Operaciones Carlos Miguel Recalde.
De acuerdo a la acusación, Caliba habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, “las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviados”.
En tanto que también se refirió a la coordinación que habría mantenido durante esos días con las autoridades de la nueva conducción de la Policía Boliviana, y “en la presunta puesta en marcha extemporánea de un procedimiento tendiente a la formalización del pase de manos de municiones y armamentos que ya se había concretado previamente y con su intervención”.
En las últimas horas la justicia también recibió el sumario administrativo de Gendarmería, con información sobre lo sucedido, que fue abierto con una orden directa del Presidente.
La avanzada del Poder Ejecutivo en el caso comenzó el 12 de julio último, cuando denunció a Macri y parte de su gabinete ante el fuero Penal Económico.
Fue cuatro días después de que el canciller boliviano, Rogelio Mayta, afirmó que en noviembre de 2019 “el gobierno de Mauricio Macri aportó material letal para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional en Bolivia”.
La denuncia llevó la firma de los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, así como de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y fue ampliada días después. Allí también la AFIP se presentó como querellante a través de la Dirección General de Aduana (DGA), lo que fue aceptado por la justicia.
Ser querellante en un caso es central para poder conocer y tener una participación activa en el expediente. Un querellante puede desde pedir medidas hasta apelar decisiones con las que no concuerde.
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