La interrupción de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) el 20 de octubre del 2019, fue un "error imperdonable", así lo calificó Juan Manuel Corchado, responsable de la pericia que realizó el grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación de la Universidad española de Salamanca.
El experto aseguró que estas irregularidades no se pueden presentar en un proceso electoral. Incluso, Corchado afirmó que ese procedimiento fue calificado como crítico en la pericia porque se introduce un servidor que no estaba previsto en el sistema electoral y es un error muy grave.
“Ese corte es uno de los hechos que nosotros hemos calificado como crítico. El hecho de introducir en el sistema electoral un servidor, el B01, que no estaba previsto, es un error muy grave. Es un error imperdonable. Este tipo de situaciones, en un país como Bolivia y ni en ningún otro país no se deben permitir”, declaró Corchado en entrevista con medios estatales.
A las 19:40 del 20 de octubre de 2021 tras concluir con la etapa de sufragio, el TREP se paralizó sin ninguna razón y se prolongó por 23 horas, aproximadamente. Las investigaciones preliminares del Ministerio Público en base a las declaraciones de exvocales y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirmaron que la delegada presidencial, Lucy Cruz ordenó la suspensión del sistema.
Estos hallazgos, coinciden con los resultados de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que catalogó al corte del TREP como una de las 12 "acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección” a favor del partido oficialista.
El informe de la auditoría del organismo internacional señala que la paralización del sistema de conteo rápido fue intencional, arbitraria y sin fundamentos técnicos y que, además, atentó contra la transparencia del proceso.
En ese contexto, Corchado señaló que el estudio que realizó su equipo se concentró especialmente en los datos generados en este tiempo, es decir, en la paralización del TREP y, pese a esas irregularidades, ratificó que no detectó manipulación de los datos electorales.
“Desde que se paró hasta que se reinició, hemos analizando los accesos que ha habido, no hemos encontrado ningún problema relacionado con una manipulación de actas. En ese periodo, en el que se paralizó el TREP, no hemos identificado ningún tipo de alteración”, afirmó.
Por otra parte, el experto reconoció que la Misión de Observadores de la OEA hizo un análisis integral del proceso electoral, incluso llegaron a realizar un análisis físico de las actas electorales y la cadena de custodia del material.
"El informe de la OEA va mucho más allá. Ellos hacen un informe de todo el proceso electoral. Nosotros ahí no nos hemos metido, porque entre otras cosas no tenemos datos. Ellos han analizado el TREP y el cómputo oficial y dicen que están viciados. Ellos tendrán sus argumentos”, remarcó el especialista.
Información borrada
En la página 137 del informe pericial, señala el análisis que hacen los expertos al servidor BO20 donde se identificó la destrucción de las evidencias. Además se registró un movimiento irregular desde el escaner AWS proveniente de Internet, solicitando al menos 260 peticiones que no tenían nada que ver con el proceso electoral, hecho que surge a partir del 3 de noviembre de 2019.
"Los administradores del servidos BO20 no tomaron las medidas necesarias para preservar los registros y se destruyeron así las pruebas que permiten analizar el comportamiento del servidor”, dice la conclusión del análisis que se hizo a ese punto.
En la conclusión sobre el incidente, la pericia sostiene que el borrado de las evidencias ya sea de forma intencionada o involuntaria, supone una incidencia de riesgo alto ya que permite ocultar el comportamiento del servidor al equipo pericial y esconder así, posibles acciones malintencionadas.
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