Álvaro Andrade Sejas, director ejecutivo de Ethical Hacking, empresa auditora del proceso electoral del 20 de octubre de 2019, aseveró que los expertos del grupo de Salamanca, con quienes la Fiscalía hizo el contrato para la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes”, con el que se pretende cerrar el caso fraude electoral, carece de experiencia demostrable en temas forenses y electorales.

Andrade reconoció que los firmantes del documento para la Fiscalía, Pablo Plaza Martínez, estudiante de Ingeniaría de Sistemas, Manuel López Pérez, estudiante de Ingeniería Informática, y Juan Manuel Corchado, docente de la Universidad de Salamanca, miembros de Air Instituto y Deep Tech Lab, tienen mucha experiencia en ciberseguridad y en el campo de inteligencia artificial, pero ninguna experiencia demostrable en informática forense y electoral.

“Pero ¿cuál es la experiencia en informática forense, evidencia digital, peritaje informático, en sistemas electorales que tienen? No tienen ninguna experiencia en los últimos cinco años”, dijo en entrevista con programa radial Asuntos Centrales.

Andrade indicó que tanto Air Institute como Deep Tech Lab de Bisite, de la Universidad de Salamanca, no figuran como empresas en España. 

La primera es una institución de investigación privada sin fines de lucro y sin personería jurídica; y la segunda es un grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, dirigido por Corchado.

“No entiendo cómo la Fiscalía hace este trabajo con una unidad de investigación de una universidad para algo tan delicado, donde la OEA trajo más de 20 profesionales, entre forenses, investigadores, grafólogos y otros expertos en la materia”, afirmó Andrade.

De acuerdo a sus pesquisas realizadas, dijo que la única experiencia de Corchado en tema electoral ocurrió en 2017 cuando fue candidato a rector de la Universidad de Salamanca y perdió.

En ese proceso, presentó documentos a la junta electoral de la universidad con el propósito de anular votos de su contrincante, y las únicas pruebas que presentó fueron una fotografía bajada de Redes Sociales y mensajes. La junta electoral las desestimó al carecer de valor probatorio para anular los votos.

“Cuando ves una persona que presenta una evidencia digital basada en una sola fotografía en y mensaje de redes sociales, te das cuenta desde el punto de vista forense que eso no tiene ningún valor probatorio”, dijo.

En ese sentido, Andrade remarcó que una persona que no tiene el conocimiento necesario para realizar manejo de evidencia digital, preservación de evidencia digital, análisis de evidencia digital y presentación de dictámenes en materia de peritaje forense, “que se presente a realizar un análisis tan delicado a mí me llama la atención”.

También mostró un documento en el que evidencia que la pericia que pide la Fiscalía a Corchado, está dirigida para obtener un resultado.

Lo que necesitamos es una “línea temporal con todos los eventos sucedidos: inicio, final, alteraciones y sospechas”. 

“En mi vida he visto a un forense que te diga que es lo que tú sospechas, el forense no va a eso, tú no puedes pedir información que apunte a un resultado, como forense tú tienes que pedir la información como discos duros, imágenes forenses, locks de los sistemas, y todo ello debe llevar una cadena de custodia basada en evidencia de material digital”, señaló Andrade.

Enfatizó que “sospecha es un término que no se usa en materia forense, el forense tiene que ser imparcial, no tiene que estar apuntando hacia donde tú quieres que llegue”.

Dijo que sobre este caso la Fiscalía debe solicitar que se investigue el hecho sobre los delitos que se están analizando, y el perito tiene que decir: “en base a esto necesito pedirle tal información, tales discos, tales imágenes, pero no puede estar coordinando con la otra parte para ver qué es lo que tiene que entregar. Son cosas que me llaman la atención desde el punto de vista forense”.

A Andrade también le extraña que en varias partes del informe se mencione a Marcel Guzmán de Rojas, director de la empresa Neotec que proveyó del software en el proceso electoral de octubre de 2019 y resultó con múltiples observaciones.

“Nadie lo ha podido ubicar y la Fiscalía lo ubica y toma su declaración y toma solo la declaración de él, de forma unilateral, cuando nosotros también participamos del proceso, nosotros fuimos la empresa auditora del proceso electoral, pero solo pide información de una de las partes”, refirió.

Destacó que cuando llegó la OEA a pedido del Gobierno para la auditoría electoral, entrevistó a todas las partes del proceso electoral, pero para el peritaje de España solo hacen un análisis y una consulta unilateral a una de las partes”, remarcó.

Consultado respecto a las conclusiones a las que llegó Ethical Haching en la auditoría en su momento, las que omitió el estudio de la Universidad de Salamanca, respondió: “También se habla de que no hubo alteraciones al código fuente. Nosotros identificamos seis alteraciones al código fuente, detallados con fecha y hora, antes, durante y después el proceso electoral. Al final, en el informe dijimos que como empresa auditora no podíamos dar fe de los resultados electorales por la gran cantidad de errores, manipulaciones y fallas del proceso electoral tanto en lo procedimental, técnico y metodológico”.

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.