El informe de auditoría de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) no tenía sustentento técnico ni legal, así lo calificó el exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Edgar Gonzáles, quien además afirmó que el proceso electoral del 2019 se desarrolló en el marco de la transparencia.

Después de un año y siete meses, la exautoridad reaparició y afirmó que los expertos de la OEA no tenían conocimiento de la norma electoral boliviana por lo tanto no tenían la capacidad de realizar una auditoría a los resultados de los comicios presidenciales del 20 de octubre. 

"Por esta intromisión de la OEA a través de su comisión de observadores que se hicieron pasar por auditores, que nunca hicieron una auditoría sólo hicieron una observación. Como personas extrañas en Bolivia no conocen el sistema electoral se pusieron a hacer estas observaciones que no tuvieron sustento técnico ni legal", señaló en contacto con Kawsachun Coca. 

Desde noviembre de 2019, Gonzáles junto a los exvocales electorales María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani y Lidia Iriarte son investigados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados en el proceso electoral de 2019, anulado posteriormente, y con indicios de fraude en favor del MAS. 

A la vez, Gonzáles cuestionó que los expertos de la OEA presenten un informe preliminar de la auditoría que no estaba enmarcado en el acuerdo que suscribieron con el Ejecutivo. Consideró que ese documento no tiene la validez técnica y que fue rebatido por investigaciones de organismos independientes. 

"Incluso hubo instituciones independientes como la Celag y la Universidad de Massachusetts que presentaron informes donde realizaron estudios técnicos sobre el informe de la OEA y contradictoriamente indicaron que no hubo irregularidades en las elecciones del 2019", puntualizó. 

En ese contexto, señaló que el proceso penal que se inició en su contra y los exvocales fue forzado por la oposición que instauró la "teoría del fraude" antes de que se desarrollen las elecciones. Espera que la Fiscalía emita una resolución de sobreseimiento porque, según afirma, no hay pruebas que sustenten el presunto fraude electoral. 

Cabe recordar que tras conocer la informe preliminar de la OEA, el 10 de noviembre de 2019, el aún entonces presidente Evo Morales decidió apartar a los exvocales de sus cargos y poco después la Fiscalía General del Estado, inició una investigación de oficio contra las exautoridades. 

 

 

Reparación de daños 

Por otra parte, el exvocal adelantó que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos y la reparación de los daños económicos que le ocasionaron, porque obstruyeron su derecho al trabajo y el debido proceso durante la investigación. 

"Voy a presentar una denuncia por la vulneración de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperemos que se trate porque no es posible que se actúe en base a un informe preliminar que vulneró derechos y que trajo consecuencias, incluso muertes después de las elecciones", advirtió el exvocal. 

En diciembre del 2018, Gonzáles fue elegido por la Asamblea Legislativa como vocal del Órgano Electoral, tras la renuncia Katia Uriona y José Luis Exeni. En ese entonces surgieron denuncias en su contra por simpatizar con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

 

 

Las conclusiones del informe de la OEA

En los puntos conclusivos del informe de la OEA se muestran irregularidades detectadas en el sistema informático y en llenado de las actas electorales. La paralización intencional y arbitraria, sin fundamento técnico, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) al momento en que se llevaban 83.76% de las actas verificadas y divulgadas.

El TSE ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5.58% de actas que ya se encontraban en el sistema TREP pero que no fueron publicadas.

Introducción de servidores no previstos en la infraestructura tecnológica (servidores denominados BO11y BO20), a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP. Para la redirección del flujo hacia el servidor BO20 se modificó la IP a la que direccionaban las 350 máquinas utilizadas en el SERECI.

Evasión intencional de los controles que estableció la empresa auditora Ethical Hacking y se redirigió el tráfico hacia una red que estaba fuera del dominio, administración, control y monitoreo del personal del TSE. 

Se evidenciaron irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo que afectaron la integridad de las mismas. En una toma de muestra de las actas se identificaron 226 actas que fueron llenadas por una misma persona. 

Se detectó una deficiente cadena de custodia que sin garantía de que el material electoral no haya sido manipulado o reemplazado. Se constataron actas del voto en el exterior originales sin llenar en las instalaciones del TSE.

 

 

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